CSIF exige que se presione al Gobierno para solucionar el ERE de Tragsa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) reclamó a las administraciones autonómicas que participan del accionariado de la empresa pública, que «estén a la altura y que presionen al Gobierno central, como responsable último, para que paralice el ERE y los despidos de trabajadores, porque es una decisión equivocada, injusta y sin sentido, que sólo esconde otra decisión política más que busca el desmantelamiento de la empresa y del sector público». Por ello, el sindicato consideró que aún se puede parar el ERE de Tragsa.

Para CSI-F no hay razones objetivas para continuar con los despidos, porque la situación «contable y productiva de la empresa ha dado beneficios en el último ejercicio» y porque la deuda del conjunto de las administraciones autonómicas a Tragsa asciende a más de 460 millones por los trabajos y los servicios realizados. Además, para el sindicato independiente, la tarea de Tragsa debe tratarse como «un servicio público necesario».

CSI-F aseguró que «los trabajadores de Tragsa no tienen la culpa de la deficiente gestión que se ha hecho en la empresa pública y, por supuesto, tampoco de la crisis económica de estos años». En este sentido, insistió en que, como ha ocurrido con los empleados públicos en general, Sepi y el Ministerio de Hacienda, que son los «responsables finales» de la gestión, «no pueden castigar a unos trabajadores, que no tienen la culpa de la incapacidad de unos políticos para gestionar bien una empresa pública como Tragsa, que de una u otra manera lleva existiendo desde hace 75 años, y que además se necesita para abordar trabajos y obras públicas en todos los ámbitos, como infraestructuras o emergencias, y desde todas las administraciones territoriales, sean locales, autonómicas o ministeriales».