Economía y Hacienda exigió en 2015 la devolución de 23 millones en subvenciones
El departamento que dirige Pilar del Olmo ya ha logrado ingresar 11,53 millones de euros, la mitad de lo requerido.
Las subvenciones europeas deben justificarse, sino tienen que devolverse.
El control financiero de las subvenciones públicas que otorga la Junta generó el año pasado expedientes de exigencia de reintegro de apoyos por la detección de irregularidades, por valor de 22,79 millones de euros, de los que la Administración regional ya a ingresado 11,53 millones, la mitad de lo previsto.
Un informe de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta al que ha tenido acceso Ical, explica que estas demandas de 2015 derivan «mayoritariamente» de las actuaciones de control efectuadas en los ejercicios anteriores a la tramitación de los expedientes de reintegro, así como a actuaciones de comprobación que realizan los propios órganos gestores de la subvención.
Las auditorías dan lugar a la exigencia por parte de la Junta del reintegro de los fondos percibidos irregularmente por los beneficiarios por motivos múltiples, como el incumplimiento de las condiciones del apoyo, falta de justificación, justificación insuficiente, etc.
La selección de expedientes en materia de Control Financiero Permanente se realiza en base a una muestra que se extrae sobre determinadas líneas de subvención del año anterior y su gestión se realiza a través de la aplicación informática Imus.
Fuentes del departamento que dirige Pilar del Olmo destacaron que la elección de los expedientes a controlar en materia de auditorías se realiza en colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado, a través de métodos de muestreo estadísticos, que consisten en la selección de gastos representativos, con la intención de obtener unas conclusiones que puedan extrapolarse al total del gasto realizado para financiar subvenciones.
El Plan Anual de Auditorías del Gobierno regional para el año 2015, incluyó 478 controles a beneficiarios de subvenciones, fundamentalmente procedentes de la UE, excepto las que llegan vía Política Agrícola Común (PAC), de las que se encarga el organismo pagador. En concreto, se desarrollaron 318 controles a apoyos otorgados por la Consejería de Agricultura y Ganadería (excepto ayudas PAC); 47 del ECyL; 38 de ADE; 29 de la Gerencia de Servicios Sociales; seis de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; y cinco de la Consejería de Hacienda.
Por su parte, el Plan de Control Financiero Permanente incluyó 727 controles, con 187 sobre subvenciones aprobadas por la Consejería de Economía y Empleo; 162 sobre expediente del ECyL; 110 a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; 64 a la Consejería de Agricultura y Ganadería; 65 a la Gerencia de Servicios Sociales; 52 a la Consejería de la Presidencia; 48 para la Consejería de Cultura y Turismo; 25 a la Consejería de Educación; y 14 a la Consejería de Sanidad.
Regular los controles
El control financiero de subvenciones está regulado en el Capítulo V del Título VII de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. Las actuaciones de control de subvenciones se determinan en los planes anuales de Auditoria y de Control Financiero Permanente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 271 y 279 de la normativa, y son aprobados por la Intervención General donde se establecen además los órganos dependientes de la misma que han de realizar los controles seleccionados.
Los planes de auditoria incluyen «prioritariamente» subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea a través de fondos comunitarios, excepto las ayudas al campo de la PAC. Asimismo, en los planes de control financiero permanente se incluyen las subvenciones sujetas al régimen de fiscalización e intervención previa de requisitos esenciales. En este último caso, fuentes del departamento económico de la Junta, explicaron que se seleccionan las líneas de subvenciones a auditar en función de los riesgos que se hayan detectado en planes anteriores de control financiero, y una vez elegidas se hace un control aleatorio de las mismas, de ahí que no estén incluidos todos los departamentos gubernamentales.
La Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, integrada en la Consejería de Economía y Hacienda, ejerce el control interno de la gestión económica-financiera sobre la totalidad de los órganos del sector público autonómico y el control financiero de las subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Cada año se aprueba el Plan Anual de Auditorías, que contempla toda la actividad auditora que tendrá lugar durante el ejercicio determinando la modalidad y el alcance de cada auditoría.