Pactan «avanzar» sobre la devolución de los legajos
u El consejero de Cultura de la Generalitat manifiesta que «tenemos que ser cautos».
dl | madrid
El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, y el consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Santi Silva, acordaron ayer «avanzar» en la resolución del «conflicto» sobre la devolución de los legajos del Archivo de Salamanca. Silva destacó que ambas partes deben ir «encauzando» el litigio «vinculado con la culminación de la devolución de los papeles de Salamanca», especialmente los que corresponderían a 43 municipios catalanes. En este sentido, aseguró que existe voluntad por parte del Estado de aplicar una modificación legislativa que lo permita y que confió en que se pueda rematar durante las próximas semanas, informa Ical.
«Es un tema delicado en el que tenemos que ser cautos y prudentes», subrayó el consejero catalán, en declaraciones a los medios de comunicación tras el despacho que mantuvo con el ministro en la sede del Ministerio, en Madrid.
En su explicación, Silva defendió la necesidad de que exista «un principio liberal de fondo», como es que «este tipo de documentación, si es posible, tiene que llegar a su legítimo propietario», y en este sentido, según señaló, «nos hemos conjurado avanzar».
Silva mencionó tras su reunión, que calificó de «formal, correcta y cordial», la existencia de «algún aspecto emblemático en esta fase final de negociación que confío pueda tener solución, y el ánimo del ministro así lo ha manifestado».
Recordó el consejero que, cuando hay muchas partes implicadas, «tenemos que intentar trabajar discretamente», labor que se llevará a cabo «en las próximas semanas», citando incluso la posibilidad de llevar a cabo «algún ajuste legislativo» aunque Santi Silva consideró «sinceramente que se puede tirar para adelante y que acabe bien».
La restitución de los llamados papeles de Salamanca se encuentra pendiente de completar tras la resolución del Tribunal Constitucional del 31 de enero de 2013 por la que se desestimó el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Junta de Castilla y León contra la ley que amparó la devolución de los documentos a la Generalitat de Cataluña.
Los fondos reclamados pertenecen a la época de la II República y de la Guerra Civil.