Los grupos insisten en fijar un suelo social en la reforma del Estatuto
u El PSOE plantea el 12% del PIB y el PP el 80% del gasto no financiero en los presupuestos.
dl | valladolid
Los grupos con representación en las Cortes de Castilla y León insistieron ayer en la necesidad de fijar un suelo social en las negociaciones para una reforma del Estatuto de Autonomía para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, mantener la calidad de los servicios públicos, recuperar el gasto perdido y protegerlos de las «veleidades políticas e ideológicas».
Antes de su participación en el Foro de UGT sobre el futuro del Estado del Bienestar y los Servicios Públicos en Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), Luis Tudanca (PSOE), Pablo Fernández (Podemos), David Castaños (Ciudadanos) y Carmen Duce (IU) abogaron por un suelo social como una de las medidas a recoger en la reforma estatutaria, propuesta que también defiende el sindicato convocante de la jornada, informa Ical.
Sin embargo, existen matices en la propuesta por parte de los grupos, ya que Luis Tudanca planteó que sea un 12 por ciento del PIB, lo que supondría 600 millones más de lo que recoge el actual presupuesto para sanidad, educación y servicios sociales; Pablo Fernández estima que se deben incluir otras variables, no sólo el PIB; Carlos Fernández Carriedo habló de negociar el porcentaje.
En la propuesta de borrador de reforma del Estatuto de Autonomía, remitida por la Junta a los grupos, que se empezará a analizar mañana, el Ejecutivo propone que los Presupuestos Generales de la Comunidad garantizarán que al menos el 80 por ciento del gasto no financiero disponible por las consejerías se destine a finalidades sociales.
Fernández Carriedo defendió, en declaraciones previas a la participación de todos los portavoces en una mesa redonda sobre el ‘Blindaje de los Derechos Sociales: los Servicios Públicos y su financiación’, la calidad de los servicios públicos de Castilla y León conforme a los distintos informes externos y planteó tres puntos para avanzar: el diálogo social, la reforma del Estatuto y el modelo de financiación autonómica.
«El blindaje de los servicios sociales es un asunto trascendental para Castilla y León y para España», sentenció Tudanca, que abogó por su inclusión tanto en una futura reforma del Estatuto como de la Constitución para «impedir que veleidades políticas y tentaciones ideológicas» realicen recortes, como consideró que ha ocurrido bajo el Gobierno del PP.