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Toda la oposición en las Cortes apoya a los enfermeros

Piden que se retire el decreto nacional sobre la prescripción de estos profesionales.

Algunos integrantes de la Mesa de la Profesión Enfermera. GALLEGO

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León

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Agencias | Valladolid

Toda la oposición en las Cortes de Castilla y León respaldó ayer a la Mesa de la Profesión de la Enfermería de la Comunidad para que se retire el decreto sobre la «prescripción enfermera», que afecta en el día a día de estos profesionales en cuestiones tan cotidianas como la cura de una úlcera.

Se trata de un decreto nacional que fue aprobado a final de año, con una modificación respecto al texto que se acordó en el Consejo Interterritorial de Sanidad, con el respaldo de todas las autonomías, y que introdujo la coletilla de «bajo supervisión médica» para muchas de las prescripciones que hasta la fecha realizaban de manera colaborativa con los facultativos.

Por ello, la Mesa de la Profesión Enfermera de Castilla y León, se reunió ayer con todos los grupos de las Cortes salvo el PP, que declinó participar en el encuentro, y consiguió el respaldo de toda la oposición, que redactará una proposición no de ley conjunta en defensa de la profesión en una cuestión de «justicia para los profesionales y los pacientes». Se da la circunstancia de que todos los grupos de la oposición —PSOE, Podemos, Ciudadanos, y Mixto (que integran IU y UPL)— habían presentado proposiciones no de ley por separado pero coincidentes en esta materia, que retirarán para hacer una única.

Tanto la secretaria autonómica del sindicato de enfermería Satse, Silvia Sáez, como el presidente del Consejo Regional de Enfermería de Castilla y León, Alfredo Escaja, que integran esa Mesa profesional junto a otras entidades y asociaciones relacionadas con la profesión, criticaron la «nocturnidad» con la que se aprobó el decreto, justo después de las elecciones generales, y que entró en vigor el día de Nochebuena.

Un ataque

Ambos sostuvieron que ese decreto «ataca» a la profesión de enfermería y sus competencias profesionales, a la vez que pude conducir a un problema de «asistencia sanitaria y en los servicios sanitarios», refirió Sáez.

En estos momentos en Castilla y León los enfermeros de la Sanidad pública, por orden de sus superiores tras una circular de la gerencia regional de salud, no aplican el decreto, lo que choca con el auto del Tribunal Supremo que ha indicado que el decreto está vigente y no incluye ningún régimen de transitoriedad. «No nos pueden imponer no cumplir las normas con el riesgo de sufrir alguna denuncia» que sería a título individual, refirió la responsable autonómica de Satse, quien incidió en que incluso se les podía acusar de intrusismo, con una sanción vía penal, por entrar en cuestiones que competen a los médicos.