Fomento delega competecias para agilizar las gestiones

J.A. | VALLADOLID

La Junta de Castilla y León retoma el proceso de descocentración de competencias del titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dejando nuevas atribuciones en manos de las delegaciones territoriales, direcciones generales y la Secretaría. El objetivo de esta iniciativa, que comenzó tras la fusión de los dos antiguos departamentos del Ejecutivo autonómico, es mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa, así como hacerla más ágil.

Por tanto, el titular de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones en este mandato, continúa con el procedimiento de derivación de materias a los órganos directivos centrales y las delegaciones territoriales, que arrancó hace cuatro años. De esta forma, la firma del consejero será necesaria en un menor número de asuntos, según recoge un decreto de este departamento que ha estudiado el Consejo de Gobierno y que acaba de entrar en vigor.

Esta ‘macroconsejería’ del Gobierno autonómico, creada en 2011 con el objetivo de acelerar la ejecución de proyectos que generen riqueza y empleo en la Comunidad, unificó en marzo de 2012 el régimen de desconcentración de competencias, puesto que se encontraban «dispersas» en diferentes normas, según la documentación consultada por Ical. Ese marco ha sufrido desde entonces dos modificaciones por razones normativas, pero también para ganar agilidad en la gestión.

En esta ocasión, el decreto de Fomento ordena la desconcentración de la contratación en materia de informática y red corporativa, al asignar el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, estas competencias a este departamento. Así, estas decisiones pasan ahora a la Dirección General de Telecomunicaciones. También, los cambios afectan a la gestión de los bosques inscritos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

De la misma forma, Fomento aprovechó el decreto para mejorar, por razones técnicas, el reparto de competencias en materia de prevención ambiental y evaluación de impacto ambiental.

Así, en el caso de expedientes sancionadores incoados como graves o muy graves serán resueltos por un director general y si son leves, por las delegaciones territoriales. También, la Secretaría General de la Consejería tendrá todas las facultades como órgano de contratación sobre adquisición y alquiler de mobiliario; equipos y aplicaciones informáticas; material bibliográfico; y jornadas, cursos, reuniones y conferencias.

Mapa competencial

El nuevo mapa de competencias, diseñado en el anterior mandato, afectó a las atribuciones en materia sancionadora. La Consejería delegó en las direcciones generales estas competencias en las materias de contaminación lumínica, compuestos orgánicos volátiles, emisión de gases de efecto invernadero y de organismos modificados genéticamente en el caso de infracciones graves o muy graves, y en las delegación territoriales si son leves.

Una reforma anterior afectó a expedientes sancionadores por infracciones en ámbitos como el urbanismo, carreteras, transportes, prevención ambiental y evaluación de impacto ambiental, ruido, contaminación atmosférica, residuos, espacios naturales, caza, pesca, sanidad vegetal y vías pecuarias. También, los directores generales asumieron la tramitación y resolución de las reclamaciones previas a la vía civil y de los expedientes en materia de responsabilidad patrimonial, así como la gestión de gastos y la ejecución presupuestaria, aunque con limitaciones.

La Consejería aprovechó este proceso para aclarar el marco competencial en materia de evaluación de impacto ambiental.

De la misma forma, añadió una nueva delegación de competencias sobre la declaración de suelos, tanto contaminados, como no contaminados, como en materia de emisión de gases de efecto invernadero. Todas ellas pasaron a ser competencia de las direcciones generales. También, se permitió a los jefes de servicio asumir nuevas responsabilidades, en detrimento de las delegaciones territoriales.