La autoridad fiscal cifra en 112 millones el «ajuste» para poder cumplir con el déficit

Agencias | Madrid / valladolid

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha cifrado en 112 millones de euros el «ajuste» que, a través de acuerdos de no disponibilidad, debe hacer Castilla y León en el 2016 para cumplir con el objetivo de déficit, que para esta Comunidad la citada entidad sitúa en el 0,6%.

En el conjunto nacional, la AIReF ve necesario un esfuerzo de consolidación fiscal de unos 4.000 millones de euros para alcanzar en 2016 el déficit público del 3,6 % de PIB propuesto por el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad.

Según la evaluación de este programa publicada ayer por la AIReF, a los 2.000 millones de ajuste presupuestario del Estado anunciados por el Gobierno, se tendrán que sumar otros 2.000 millones de ajuste que entiende será fundamentalmente entre las comunidades autónomas, «dado que no hay medidas anunciadas para la Seguridad Social ni para las corporaciones locales», informó Efe.

Según la AIReF, el nuevo objetivo del 0,7 % del PIB para las autonomías en 2016 «no parece suficientemente ambicioso» y, a su juicio, debería situarse en el 0,6 % del PIB para «dotar de credibilidad» la meta del 3,6% de déficit conjunto, aunque estableciendo «sendas claramente diferenciadas por comunidades autónomas».

Unas y otras

Conforme a sus cálculos, hay ocho comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja) que, si ejecutan de forma rigurosa sus presupuestos vigentes, podrían situarse al cierre del ejercicio con un déficit inferior al 0,7%.

Por el contrario, los presupuestos de las nueve restantes (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) conducirían, según el organismo independiente, a un déficit de la administración regional del 0,8% del PIB, por lo que sería necesario corregir una décima. Para ello propone que sean estas nueve comunidades las que realicen el ajuste presupuestario mediante acuerdos de no disponibilidad (como el anunciado para el Estado) por un importe conjunto de 1.443 millones, si bien algunas tendrían un objetivo de déficit para 2016 superior al 0,7% del PIB, de acuerdo con la recomendación de la AIReF de establecer metas diferenciadas.

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró ayer que, «jurídicamente, no estamos obligados por la Ley de Estabilidad a hacer ningún plan de ajuste». «La Ley de Estabilidad establece que quien tiene un plan de ajuste e incumple los objetivos de déficit está obligado a hacer una no disponibilidad con una retención, pero no es el caso de Castilla y León», subrayó.

Así se lo ha explicado a través de una misiva al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y ahora Del Olmo entiende que desde el Ministerio les están «dando la razón», ya que en la respuesta que han recibido «ya no se habla en ningún caso de plan de ajuste, sino de la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, informó Ical. «Lo que sí tenemos obligación de hacer es un plan económico-financiero, como ya lo hicimos el año pasado, pero eso no tiene nada que ver con el plan de ajuste ni con las retenciones, ni con la no disponibilidad», aclaró.

La consejera recordó que a día de hoy «todavía no hay formalmente ninguna propuesta oficial» de «ampliación del margen» de déficit público, que deberá ser aprobado por mayoría en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que previsiblemente se celebrará este jueves 28 de abril, y señaló que, en caso de acordarse, «ese margen tendrá que ser aprobado por Bruselas en el Plan de Estabilidad que va a presentar el Gobierno de España». «De cualquier manera, si se confirma finalmente, tener más margen siempre es positivo», valoró.