Diario de León

El Plan Director de Promoción Industrial servirá de paraguas al Protocolo de actuación

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La Junta de Castilla y León incluirá el Protocolo de actuación en los casos de deslocalizaciones y crisis de empresas en la Comunidad, dentro del Plan Director de Promoción Industrial, que se deberá aprobar en Consejo de Gobierno y se someterá después al pronunciamiento formal de las Cortes.

El plan deberá pasar audiencia por parte del Consejo Económico y Social (CES); la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP); el Consejo Regional de Cámaras; el Consejo del Diálogo Social, y los grupos políticos; y se tramitará así en la cámara por el artículo 145 del reglamento. Este programa se podrá debatir en comisión y en pleno periodo durante el que los grupos podrán presentar sus propuestas de resolución.

Cabe recordar que los sindicatos CCOO y UGT pretendían dotar de rango legal a este protocolo vinculado a las actuaciones de la Fundación Anclaje, que quedará enmarcado finalmente bajo el paraguas de este plan director, que emana del Artículo 27 de la Ley de Industria. Así, carecerá de un blindaje legal de obligado cumplimiento, ya que el plan no tiene ese rango, pero si quedará amparado bajo el Gobierno autonómico como directriz de la programación política de desarrollo de la Ley de Industria, a cargo de la Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Pilar del Olmo.

En este sentido, las centrales sindicales presentaron a la Junta una propuesta sobre el contenido de la «norma», en la que indican que el protocolo establece mecanismos de actuación y colaboración entre las partes involucradas «siendo de carácter voluntario para las empresas afectadas, con el máximo respeto a la libertad de empresa». Precisa además que la coordinación y gestión técnica del protocolo será competencia dela Fundación para el Anclaje Empresarial.

El apartado tercero define las fases de actuación en caso de un proceso de deslocalización o cierre industrial, que pasan por la recogida de información, centralización de la misma y reuniones quincenales con los directores de industria y trabajo.

Las primeras actuaciones arrancarían, siempre según el texto sindical, con la petición por parte de la empresa del inicio del procedimiento del protocolo, precio al arranque del periodo de consultas y negociación del expediente de regulación de empleo.

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