Diario de León

LA POLÉMICA DEL EDIFICIO ARROYO

Herrera se ofrecer a declarar ante el juez para defender su gestión en la polémica compra-venta de un edificio

El actual delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo, declararó ayer ante el magistrado que investiga posibles irregularidades en la compra venta de este edificio que advirtió a Herrera de su "desorbitado" precio

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante la rueda de prensa en la que ha explicado temas relacionados con el edificio de Arroyo

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante la rueda de prensa en la que ha explicado temas relacionados con el edificio de Arroyo

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EFE / ICAL

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, sostuvo hoy que la decisión de comprar, y no alquilar, el edificio que alberga el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) fue “completamente acertada” y aclaró que su intervención en el asunto se limitó a recomendar que se atendiera la valoración de los técnicos de la Consejería de Hacienda sobre el precio a pagar, “cuantioso”, pero recalcó que “sensiblemente inferior” al inicial y “ajustado al mercado” y al “valor” del inmueble.

“Yo no fijé el precio, a mí no me sometieron cinco precios distintos y dije éste. Yo recomendé, aconsejé, dispuse, expresé mi opinión -que de algo sirve- de que, por favor, se escucharan las valoraciones de nuestros técnicos, expertos en estas materias, de la Consejería de Hacienda. A esa valoración me estoy refiriendo, porque fue la que finalmente se hace. Yo no tengo por qué imponer nada, yo me fío de los técnicos. Yo sería un cataplasma y un frívolo si digo no, el precio no es éste, tiene que ser este y ¿usted qué sabe?”, explicó Herrera.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico respaldó la decisión del Consejo de Administración de Gesturcal por el que se adquirió el inmueble por algo más de 50 millones de euros, ya que afirmó que sus consejeros, entre ellos, el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo, “acertaron plenamente” al desechar el arrendamiento y apostar por su compra, tanto desde el punto de vista de la “legalidad”, como por la “defensa del interés” de la Comunidad.

El presidente de la Junta recalcó que la Junta ha pagado un precio “justo y justificado”, que insistió coincide con el fijado en un informe pericial del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid que investiga esta operación. Herrera, que compareció para informar sobre este asunto, tras la declaración este lunes de Trillo, expresó su disposición para acudir a la justicia a ofrecer “todas las explicaciones” al respecto.

“El juez sabe que en este punto y en otros me tiene a la entera disposición”, dijo. “Yo soy muy consciente de cual es mi responsabilidad, yo no me escudaré en ningún caso en ningún tipo de privilegio político o parlamentario”, añadió. “Yo se muy bien cual es el ámbito de la responsabilidad política y por tanto, yo no escabullo ni huyo de estas circunstancias”, apostilló.

Sobre su papel en la operación que investiga la justicia, Herrera aseguró que se “pone ninguna medalla”, que no es “mérito” suyo la decisión de Gesturcal de optar por la adquisición, sino del Consejo de Administración de Gesturcal, es decir, de sus consejeros y de “don Pablo Trillo Figueroa”, quien recordó votó a favor de la operación de compraventa y un precio, de acuerdo a la valoración de Hacienda, que recalcó se ha confirmado después con una “pericial independiente” encargada por el juez.

Confianza en Villanueva

Asimismo, el presidente del Gobierno autonómico aseguró que los miembros de su Consejo de Administración son personas con “autonomía e independencia”, aunque ocupen cargos de responsabilidad en la administración autonómica. Además, señaló que mantiene la confianza en “todos” sus altos cargos, así como en el exconsejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, a quien recordó quiere, al tiempo que ironizó que es fue de los más “expresivos”.

Sobre la intervención de Villanueva, Herrera dijo que no había una opción predeterminada de alquiler sobre el inmueble de Arroyo, sino que había varias alternativas sobre la mesa. “Algo, algo, algo tendría que ver el consejero en que finalmente se tome esa decisión por el Consejo de Administración que yo digo que es un acierto, que es un acierto tanto en la fórmula jurídica, como en el precio”, dijo.

Inquietud de Trillo

Herrera explicó que ayer por la tarde mantuvo una conversación con Trillo tras su declaración ante el juez, una “obligación” que admitió no fue “sencilla y grata”. Con “serenidad”, según el presidente, el delegado de la Junta le trasladó los términos de su comparecencia en la que relató al juez como en un encuentro en septiembre de 2008 le comentó a Herrera su “inquietud” y “preocupación” sobre los pormenores del expediente del edificio de Arroyo.

En este despacho ordinario, que se desarrolló en un clima de "confianza", Herrera le pidió que le mantuviera informado y utilizó su información para “recabar” más datos y tratar el asunto con quien debió “en el seno” de su gobierno, según la versión del presidente, quien explicó que en este asunto, como en otros, siempre recomienda a sus altos cargos, cuando tienen dudas en cuestiones financieras, que acudan a los técnicos de la Consejería de Hacienda. Además, recalcó que entonces no tenía “mayor información” al respecto.

No comparecerá

Por otra parte, el presidente de la Junta aseguró que no se plantea comparecer en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León sobre la autorización de parques eólicos, edificio de Arroyo de la Encomienda y polígono de Portillo. De hecho, aseguró que la “mayor garantía” la ofrece que este asunto esté en manos del juez y de la Fiscalía, que está haciendo sus pesquisas. También reconoció que a la Junta le hubiera gustado que este asunto se tratara con “mayor rapidez” en los órganos judiciales, pero confió en que se resuelva y se “resuelva bien”.

Finalmente, Herrera aprovechó para defender a los altos cargos que han sido llamados a declarar por el juzgado en calidad de investigados por ser miembros del Consejo de Administración de Gesturcal. También reconoció que antes de que se abriera el caso su gobierno desconocía que la instalación de mobiliario en el inmueble se hizo mediante una adjudicación directa, lo que podría ser constitutivo de un delito y llevaría a la Junta a personarse en esta pieza separada.

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