Más de 300 entidades locales en la financiación extraordinaria
Estos programas les han permitido ser “sostenibles” en términos financieros.
Interior del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. DL
dl | valladolid
Un total de 321 entidades locales de Castilla y León requirió alguno de los mecanismos extraordinarios de liquidez puestos en marcha por el Ejecutivo central desde 2012, de las que 287 pudieron finalmente acceder tras dar el visto bueno el Ministerio de Hacienda a sus planes de ajuste preceptivos. De éstas, 186 mantienen abiertos aún los programas de reequilibrio, que recibieron dictamen favorable o aceptado condicionado por parte del Gobierno, la mayor parte procedente del plan de proveedores puesto en marcha hace cuatro años, y apenas una quincena de los instrumentos habilitados los años siguientes, hasta el cierre del 2015.
Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas destacaron a Ical, que la mayor parte de los municipios presentan unas cuentas saneadas y con superávit, por lo que el número de entidades que han acudido a estos instrumentos extraordinarios, es mínimo en relación al total.
Un informe del departamento que dirige Cristóbal Montoro indica que las entidades locales de Castilla y León remitieron 379 peticiones para acogerse a alguna de las nuevas medidas de liquidez diseñadas desde el Gobierno, con 14 modalidades a lo largo de esos años, con la consiguiente obligación de elaborar un plan de ajuste de sus cuentas en un plazo concreto (algunas localidades acudieron reiteradamente a estos mecanismos, como Peguerinos, en Ávila, que aparece como peticionario en seis programas —nuevos o modificados de anteriores-; y Santa Cruz de la Salceda, en Burgos; San Andrés del Rabanedo, en León; o Samboal, en Segovia, en cuatro).
En este contexto, desde 2012, permanecen abiertos 186 planes con dictamen favorable; se dieron por concluidos en su aplicación 121; y 71 se descartaron, con lo que el solicitante no pudo beneficiarse de las medidas de financiación. Completa las 379 peticiones el caso de Paredes de Nava, en Palencia, que solicitó en 2015, sumarse al Fondo de Ordenación y presentó el plan de ajuste pero finalmente no se adhirió ni formalizó así la operación de crédito, según explicaron fuentes ministeriales.
Por provincias, el mayor número de solicitudes de adscripción a estos planes se registró en Ávila, 65; seguida de León, 63; Salamanca, 59; Zamora, 46; Segovia, 42; Valladolid, 40; Burgos, 31; Soria, 15; y Palencia, 13.
Las entidades de la Comunidad que recurrieron a estos mecanismo, lo hicieron mayoritariamente para obtener fondos de alguna de las tres fases del programa de pago a proveedores y dentro de esta convocatoria, a la primera de 2012. Sin embargo, también se beneficiaron de la ampliación del periodo de reintegro de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009; de la extensión a 20 años de los plazos de amortizaciones de los apoyos recibidos; mejora de las condiciones a diez años; del Fondo de Ordenación en sus diferentes variables; y de los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae).
El grueso de las entidades locales que acudió a los mecanismos y mantiene vivo su programa de ajuste, lo hizo en 2012, ya que apenas una quincena con planes abiertos está adherida a instrumentos en 2013, 14 y 15. En concreto, en 2013, se dio luz ver de a los planes de ajuste de Terradillo (Salamanca), Tordehumos (Valladolid); y Rábano de Aliste (Zamora), para acogerse a la tercera fase del plan de pago a proveedores.