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La pensión que obliga a ir a Cáritas
Más de 22.000 castellanos y leoneses perciben una renta no contributiva pero la cuantía inferior a 400 euros obliga a muchos de ellos a solicitar ayuda a ONGs y otras entidades de caridad.
R. TRAVESÍ | VALLADOLID
«El primer día que acudí a Cáritas, vine llorando y me sentía como una mierda». La declaración no corresponde a una persona sin techo, un mendigo, un desempleado de larga duración afectado por la crisis, un individuo sin recursos económicos que solicita ayuda a una ONG o a la entidad caritativa y social de la Iglesia católica. Son las palabras de María Jesús González, una vallisoletana de 52 años que cobra una pensión no contributiva de invalidez y que desde hace un año acude a la Cáritas parroquial de María Milagrosa, en el populoso barrio de las Delicias de la capital, para recoger los alimentos de todo el mes. Los 368 euros mensuales que cobra de pensión no contributiva no le llegan para vivir puesto que solo el alquiler le cuesta 350 euros. Las cuentas no salen de ninguna forma. Así que María Jesús se ha tragado su orgullo y ‘sobrevive’ gracias a los alimentos que le proporciona Cáritas y la ayuda de sus hermanas y padres.
María Jesús es una de los 22.078 castellanos y leoneses que, a finales de 2015, cobraba una pensión no contributiva de la Seguridad Social, que se repartían entre los 12.354 que tiene derecho a la de jubilación y los 9.724 de invalidez. Se trata de pensiones reguladas por ley que buscan asegurar a todos los ciudadanos en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.
Todo ello es posible gracias a la Ley General de la Seguridad Social que contempla estas situaciones para personas que no hayan cotizado o lo hicieran de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva, siempre y cuando se encuentren en una situación de necesidad y carezcan de recursos suficientes. Es decir, que tengan ingresos inferiores a 5.150 euros anuales, según el importe actualizado en 2016.
María Jesús González cobra desde 1998 la pensión no contributiva por invalidez al tener reconocida un 68 por ciento de discapacidad por la falta de visión (tiene 32 dioptrías) y los dolores de huesos. Los 368 euros eran suficientes cuando se completaban con el bajo sueldo de su marido pero, desde hace unos años, está separada y ese dinero no le permite cubrir sus gastos. «Llevo una vida muy austera porque soy de gastar poco y me gusta aprovechar todo y nada de vicios», sentencia a la Agencia Ical ante la mirada atenta de la voluntaria de Cáritas, Purificación Rodríguez. ‘Puri’ es consciente de los problemas que atraviesan muchas familias de barrios obreros.
Pone el ejemplo de que solo enciende la calefacción cuando vienen sus tres nietas a casa y todo ello gracias a que sus hermanas le pagan las facturas de luz y de gas para el agua caliente. Además, su hija le compra, «cuando puede», algo de calzado y su actual pareja le lleva un poco de comida. «De no tener los alimentos de Cáritas estaría obligada a ir a comer donde mis padres todos los días. No quiero ser una carga porque ya me ayudan lo que pueden con su pensión», afirma.
La situación de penuria que atraviesa esta vallisoletana le impide renovar sus gafas por el alto coste de cada cristal (700 euros) al tener tan poca visión. La trabajadora social le consiguió la gratuidad de los medicamentos pero hay determinados productos que no están incluidos como las pomadas, necesarias para sus huesos, y unas vitaminas para el estómago. «Tengo que priorizar y el dinero no da para más por lo que no las compro», sentencia.
Nada más separarse de su marido, vivió en una habitación de un piso compartido pero tuvo que dejarla porque se ha encargado de cuidar a sus nietas y necesitaba una vivienda donde no molestar a nadie. Su hija cobra la Renta Activa de Inserción (RAI), la ayuda de 426 euros mensuales para parados en circunstancias especiales.
Algo mejor está Celia, otra vallisoletana de 57 años que cobra 365 euros de una pensión no contributiva de invalidez desde 2003 pero el piso donde vive era de sus padres por lo que se ahorra el alquiler. En su caso, tiene una discapacidad del 66% por fibromialgia y artrosis degenerativa, que le obliga a utilizar una muleta, a lo que se ha unido la insuficiencia respiratoria.