Burgos estudiará si el desvío ferroviario puede ser viable
El Ayuntamiento encargará un informe para aportar luz ante los 167 millones de deuda.
efe | burgos
El Ayuntamiento de Burgos va a encargar al abogado Antonio Jiménez Blanco un informe sobre la viabilidad del Consorcio del Desvío Ferroviario, con el objetivo de aportar luz al futuro del ente, que arrastra una deuda de 167 millones de euros derivada de la construcción de la variante ferroviaria en Burgos.
La decisión la tomaron ayer mismo los portavoces de Partido Popular, PSOE, Imagina y Ciudadanos, una vez el pleno municipal rechazó en julio el convenio de reestructuración de la deuda.
El objetivo es que el despacho del abogado Antonio Jiménez Blanco analice en un informe si el Consorcio del Desvío es viable o tiene que disolverse, al no poder afrontar los 167 millones de deuda.
Al mismo tiempo, la oficina técnica del Consorcio elaborará otro informe de similares características, encargado en este caso por el presidente del ente, Javier Lacalle, alcalde de Burgos.
El Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria se creó entre el Ayuntamiento y las extintas Caja de Burgos y CajaCírculo para la financiación de la construcción del desvío del ferrocarril.
En estos momentos acumula una deuda de 167 millones de euros con las entidades CaixaBank, Ibercaja y Dexia Sabadell, que plantearon en junio un acuerdo para la reestructuración del pago a 15 años.
Sin embargo, el pleno municipal de julio lo rechazó con los votos de PSOE, Imagina y Ciudadanos, al considerarlo lesivo para el Consistorio, lo que podría abocar al Consorcio a su disolución.
El informe de Jiménez Blanco analizará la responsabilidad de cada una de las tres entidades que lo forman, a fin de saber quién debería asumir la deuda en caso de disolución.
En estos momentos, el Consorcio está formado por el Ayuntamiento y las fundaciones CajaCírculo y Caja de Burgos, como herederas de las antiguas cajas de ahorro.
Sin embargo, existen dudas sobre si el responsable último de la deuda es el Consistorio, en solitario, o si el pago de la misma deberían asumirla por igual sus tres miembros.
Una vez acordada su solicitud, el informe se encargará de manera inmediata; tendrá un coste inferior a 15.000 euros y podrían estar listo antes de que finalice septiembre.