Los letrados dirimirán el código ético de las Cortes
El dictamen busca establecer el régimen jurídico de los altos cargos de la Administración.
efe | valladolid
La inclusión del código ético y la limitación temporal en el ejercicio de los miembros de la Mesa de las Cortes y portavoces parlamentarios que plantea el PP para la Ley que regulará el Estatuto del Alto Cargo en Castilla y León será analizada por los letrados del Parlamento tras pedirlo la oposición. La Comisión de Presidencia aprobó ayer el dictamen de esta ley, que busca establecer el régimen jurídico de los altos cargos de la Administración autonómica, aunque tanto la Junta, por voz del vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, como el Grupo Popular, por medio de su portavoz, Juan José Sanz Vitorio, pidieron extenderlo a los parlamentarios.
Aunque el representante del PP se mostó convencido de que finalmente los grupos que ponen objeciones a esta extensión la aceptarán cuando el debate llegue al Pleno de las Cortes, tanto la viceportavoz socialista, Virginia Barcones, como la representante de Podemos, Natalia del Barrio pusieron en duda que tenga encaje legal y anunciaron que pedirán a los letrados de la Cámara que diriman esta cuestión.
Mientras en opinión de Sanz Vitorio, «por vergüenza torera», las Cortes no pueden «quedarse al margen» de la conveniencia de contar con un código ético y de limitar a 8 años la presencia que pueden tener los representantes de los Grupos Parlamentarios, las procuradoras del PSOE y Podemos, ven impedimentos.
«No doy crédito a su propuesta», comenzó por decir la socialista Barcones, convencida de que debe ser el Reglamento de las Cortes el que regule este tipo de cuestiones y que una ley que emana del Gobierno no puede «invadir» la reserva que prevé el Estatuto de Autonomía para preservar la autorregulación del Parlamento autonómico.
Barcones consideró que esta propuesta de la Junta y del PP se debe a una «rabieta». Por su parte, Del Barrio (Podemos) planteó el «dudoso encaje legal» de la propuesta y lamentó la falta de voluntad política para «abrir la Reforma del Estatuto y del Reglamento de las Cortes».