La ley protegerá a los funcionarios que denuncien casos de corrupción
Las Cortes, con los votos de PP y C’s, aprueban la normativa para acabar con las malas prácticas.
La procuradora socialista, Ana Sánchez conversa con el portavoz del PP, Juan José Sanz Vitorio. N.G.
efe | valladolid
Las Cortes aprobaron ayer, con los votos del PP y de Ciudadanos, una ley que busca defender a los funcionarios que denuncien casos de corrupción y malas prácticas en el seno de la Administración Pública, aunque el resto de grupos ven en la norma una amenaza para los denunciantes. El acuerdo definitivo ha llegado tras meses de conversaciones para dar cumplimiento a una proposición no de ley impulsada por C’s y matizada posteriormente con aportaciones del PP.
El vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, presentó ante el Pleno de las Cortes el proyecto de ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la institución y se establecen las garantías de los informantes. De Santiago-Juárez defendió esta norma por avanzar en cuestiones de regeneración democrática y transparencia, por servir como herramienta para la prevención y por ofrecer a los potenciales denunciantes unas «garantías» sobre su puesto de trabajo, por lo que rechazó las críticas de la oposición.
El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, se congratuló de haber podido sacar adelante esta ley, que tiene origen en una proposición no de ley de un «humilde grupo formado por cinco procuradores», porque si los «corruptos duermen un poco más nerviosos y los denunciantes más tranquilos», su grupo no se sentirá más importante, pero sí «más útil».
El procurador del PSOE Luis Briones alertó de que con esta norma se «corta las alas a las palomas mensajeras», en referencia a la «amenaza» que supone para los empleados públicos la posibilidad de ser sancionados. En el mismo sentido se manifestó la representante de Podemos, Natalia del Barrio, quien justificó el voto en contra de la ley porque tiene como fin «vigilar y amedrentar a los funcionarios públicos, pues no se fían de ellos». Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo), sostuvo que la ley no garantiza «de ninguna manera» la seguridad laboral de los denunciantes si el caso no prospera, además de poner a la «Junta a vigilar a la Junta» en una especie de «segunda ley mordaza».
En la misma línea se manifestó el procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, quien defendió su rechazo a esta ley debido a que «no cumple con sus objetivos de garantizar la seguridad del denunciante», a pesar de que esta ley «tenía buenas intenciones en su inicio», pero que se ha «desperdiciado una gran oportunidad».