Reticencias entre los grupos en lo relativo al Estatuto del Alto Cargo
Volverán a reunirse mañana para abordar la denominada Comisión de Ética Pública.
efe | valladolid
La reunión de los grupos parlamentarios para buscar encaje legal al proyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo acabó ayer con avances en algunas materias, pero también con nuevas reticencias sobre otros apartados como el régimen de incompatibilidades.
Los participantes en la reunión, que duró cuatro horas, acordaron volver a reunirse mañana para avanzar en aquellas cuestiones que requieren de una nueva redacción, como es el caso de la denominada Comisión de Ética Pública, para limitar su capacidad de incoar y resolver expedientes contra altos cargos, incluido el presidente de la Junta de Castilla y León.
«Cuanto más leen los letrados más encuentran», lamentó la representante de Podemos Natalia del Barrio en declaraciones a los periodistas, mientras que el portavoz del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, mantuvo que en esta norma no hay contenidos que «contravengan la Constitución, el Estatuto y la normativa básica» y «reúne los requisitos» para llevarla al Pleno de las Cortes.
Aún no está claro si finalmente el próximo viernes el proyecto de ley será incluido en el orden del día de la siguiente semana, pero el procurador de Ciudadanos David Castaño dijo que se le «antoja imposible», mientras que Sanz Vitorio no lo ve así y confía en avanzar para que pueda debatirse en la próxima sesión plenaria.
La socialista Virginia Barcones comprometió su voluntad para buscar un acuerdo antes de la próxima semana que «subsane las deficiencias jurídicas», mientras que las cuestiones que son «de voluntad política» tendrán que ser explicadas por «otros».
El representante del PP insistió en que el procedimiento seguido para tramitar este proyecto de ley, más allá de lo «atípico» de las circunstancias, no es diferente al de otras ocasiones porque «son frecuentes» las reuniones para negociar enmiendas y transacciones antes de llegar al Pleno, aunque reconoció que ayer avanzaron en algunas «cuestiones de índole jurídica» cuyo alcance sobre la Constitución y el Estatuto es «opinable».