La ley de ordenación del territorio llegará a las Cortes en enero
El vicepresidente afirma que se trata de garantizar los servicios esenciales .
El vicepresidente De Santiago-Juárez y el presidente del Consejo Consultivo, Amilivia. M. A. MONTESINOS
efe | zamora
El proyecto de ley de ordenación del territorio de Castilla y León se llevará al Parlamento regional en la segunda quincena del mes de enero, una vez cuente con los informes del CES (Consejo Económico y Social) y del Consejo Consultivo de Castilla y León.
El vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que ayer mantuvo en Zamora una reunión de coordinación con los delegados territoriales de la Junta, detalló los plazos que baraja el Gobierno regional para aprobar la nueva normativa.
Con ella, según expuso, se pretende garantizar por ley los servicios esenciales que presta el Gobierno autonómico en el territorio, especialmente del medio rural castellanoleonés, como la sanidad, la educación o la dependencia.
De esta forma, cuando el texto normativo sea aprobado por el Parlamento regional se garantizará por ley la prestación de determinados servicios públicos que presta la Junta de Castilla y León, como el mantenimiento de aulas con cuatro alumnos o la media de quince consultorios locales por cada zona básica de salud.
«Eso ahora no lo garantiza nadie», aseguró De Santiago-Juárez, que explicó que estas medidas están ahora reguladas por una orden que «se puede cambiar en 24 horas», motivo por el que se pretende reforzar la garantía elevándola a rango de ley.
Además de la aprobación de esta normativa, en el nuevo año político, el Gobierno regional tiene también sobre la mesa un proyecto de ley que se pretende enviar a las Cortes de Castilla y León antes del verano, con el que se busca reforzar las medidas de participación ciudadana, como ya se hizo con las medidas del «Gobierno abierto».
Ahora se busca dar «un paso más» para involucrar a la sociedad civil y para ello se le consultará desde el momento que arranque la redacción de cualquier proyecto de ley y no como hasta ahora que la consulta a los colectivos sociales implicados se realizaba al final de la tramitación «casi cuando estaba a punto de aprobarse», explicó el consejero de Presidencia.