Herrera desoye la crítica y alaba la ejecución de la ley de dependencia
El presidente de la Junta asegura que las restricciones han sido superadas con el trabajo.
Juan Vicente Herrera comparece ante el pleno de las Cortes. NACHO GALLEGO
efe | valladolid
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, defendió ayer la «positiva» aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad, cuya «realidad» contrapuso con la crítica del PSOE por los recortes aplicados durante los últimos años. En su contestación a la pregunta formulada ante el Pleno de las Cortes por el portavoz socialista, Luis Tudanca, Herrera reconoció que en los últimos años las restricciones presupuestariashan estado «agudizadas» por las «carencias de financiación», pero han sido superadas por el trabajo «de los excelentes profesionales y su integración con el sistema de servicios sociales».
El portavoz socialista, que comenzó por recordar que la ley de la Dependencia fue aprobada bajo el mandato de un Gobierno socialista, acusó al PP de meter la norma «en el cajón» y de meter «un tijeretazo de 3.000 millones de euros», a pesar de lo que la Junta seguirá argumentando con «sus dieces».
Tudanca afirmó que no puede consolar a Castilla y León que «en otros sitios estén peor» y negó a Herrera su capacidad para «hacer milagros» y «multiplicar los panes y los peces», a lo que Herrera replicó con los informes de la Asociación de Gerentes, que señala a la Junta como la mejor gestora de los servicios sociales vinculados a la Ley de la Dependencia. El presidente añadió que Castilla y León «sigue liderando las puntuaciones del Observatorio de la Dependencia» y la «realidad» es que «otras comunidades de distinto signo político han tenido especial interés» en conocer el modelo desarrollado en esta Comunidad.
Citó, además, una carta remitida a la Junta por la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en la que solicitaba la colaboración del Ejecutivo para poner en marcha el sistema aplicado en la Comunidad.
Herrera también se refirió al acuerdo suscrito en abril para defender los principios que deben regir el futuro modelo de financiación autonómica, y que debe incluir fondos para sostener la prestación de los servicios.