El 76% de los contratos de la Junta incluyen cláusulas de carácter social
En el primer cuatrimestre de 2016, la medida ha supuesto un desembolso de 159 millones.
Un joven trabaja soldando unas láminas de metal, en una imagen de archivo. L. DE LA MATA
efe | valladolid
La Junta de Castilla y León adjudicó, en el primer cuatrimestre de 2016, 1.150 contratos en los que se incorporan cláusulas sociales, lo que significa que la administración incorpora ya cláusulas sociales en más del 76% de su volumen de contratación. Estos contratos realizados en los cuatro primeros meses de 2016 suponen una cuantía de más de 159 millones de euros. El porcentaje de incorporación de cláusulas sociales en el volumen de contratación ha ido creciendo año tras año, desde septiembre de 2012, cuando se alcanzó el primer acuerdo de incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. En el acumulado desde la entrada en vigor de este primer acuerdo, el 1 de septiembre de 2012, hasta el 30 de abril de 2016, la Junta ha adjudicado un total de 6.581 contratos que incorporan cláusulas sociales por importe de casi 747 millones de euros.
2016 ha sido un año clave para avanzar en el compromiso con la contratación pública socialmente más responsable ya que, en julio, la Junta dio un nuevo paso en este sentido aprobando nuevas directrices vinculantes para los órganos de contratación de la administración dsobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, un nuevo paso que consolida todos los acuerdos sociales del acuerdo de 2012 e incorpora novedades a través de tres instrumentos: cláusulas sociales, reserva de contratos y proyectos de inserción socio-laboral.
Este acuerdo establece la incorporación de cláusulas sociales en las distintas fases de la contratación pública que primen, a la hora de adjudicar un contrato, a aquellas empresas con una visión más social, a las que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y medidas de conciliación.
La novedad más destacada son los proyectos de inserción socio-laboral, entendidos como actuaciones para fomentar la contratación de personas en situación o en riesgo de exclusión social con ocasión de la tramitación de contratos del sector público. Los colectivos inicialmente destinatarios de estos proyectos de inserción socio-laboral son beneficiarios de la Renta Garantizada acogidos a un programa de inclusión social, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad. Al mismo tiempo, se amplía la reserva de contratos, además de a los Centros Especiales de Empleo como hasta ahora, a las empresas de inserción, y también se amplía el catálogo de actividades objeto de reserva. Además, se eleva del 6,5% al 6,8% la reserva de contratación.