La recepción de alimentos para los más vulnerables será un derecho
La Junta espera que las Cortes apruebe la nueva norma antes de que finalice el año.
Milagros Marcos, junto a la consejera de Familia, Alicia García, en la rueda de prensa de ayer. GALLEGO
Efe | Valladolid
La Junta de Castilla y León espera que el Parlamento autonómico apruebe antes de que acabe 2017 la ley que convertirá en derechos subjetivos cuatro prestaciones de la Red de Protección de familias en situación de vulnerabilidad social, entre otras la recepción de alimentos básicos.
El servicio integral de apoyo ante el riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria y la entregada para el alquiler de vivienda habitual son los otros tres derechos subjetivos que se incluyen en el anteproyecto de ley que aprobado ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.
Además de la creación de estos derechos subjetivos, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo que el anteproyecto sirve también para dar cumplimiento al compromiso adquirido con los agentes del Diálogo Social para que esta Red de Protección no esté vinculada a una situación de crisis económica, sino que sea una herramienta permanente para la atención de los más vulnerables.
La consejera sostuvo que la idea es «llegar mejor y llegar antes» a la prestación de ayuda a las personas que, por diferentes circunstancias, se pueden ver inmersas en problemas económicos que afecten a sus necesidades básicas.
Límites
El anteproyecto de ley establece una serie de límites económicos para que prevalezca la ayuda a las personas en una situación peor, en concreto para acceder a las prestaciones relacionadas con la deuda hipotecaria y el alquiler de vivienda.
García confió en que el proyecto de ley pueda ser remitido a las Cortes de Castilla y León en un plazo de entre cuatro y seis meses, para que pueda tramitarse parlamentariamente y la ley pueda entrar en vigor «en 2017 por lo menos», aunque animó a los ciudadanos a participar en el portal del Gobierno Abierto para realizar mejoras.
La consejera recordó que la Red de Protección de las Familias fue creada en 2013, en un contexto inicial de crisis económica para integrar diferentes recursos y medidas tanto de titularidad pública como privada, para hacer frente a las situaciones de imperiosa necesidad de las familias.