Herrera pide perdón preventivo

Efe | Valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, pidió ayer «perdón por anticipado» ante las condenas que puedan derivarse de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción acerca de autorizaciones de parques eólicos, que enmarcó en una potencial «corrupción de personas».

Entre los grupos de la oposición, el PSOE pidió la dimisión de Herrera porque «varios nombramientos le salieron rana» y no vigiló ni actuó en «el charco», mientras que el resto de partidos hablaron del «síndrome de la infanta» —Podemos—, de las «vaguedades» del discurso de Herrera —C’s— y de «Sicilia y León» —Iu-Equo—.

En la primera parte de su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para hablar de las «informaciones aparecidas» sobre la querella presentada por la Fiscalía contra 21 personas por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, Herrera asumió que algunos de los investigados tuvieron «importantes responsabilidades» en la Administración, entre ellos el exviceconsejero Rafael Delgado.

Sin embargo, defendió que estos posibles delitos, de confirmarse judicialmente su comisión, fueron materializados al margen de los procedimientos administrativos, ya que en su opinión los expedientes se ajustan a la legalidad, por lo que descartó que pueda hablarse de corrupción de «instituciones o de la propia Administración».

Herrera reconoció que si finalmente los investigados acaban confirmándose, se trataría de «hechos de enorme gravedad», que son «tan ilícitos como inmorales» por perjudicar «a todos», pero remarcó que el propio auto de desestimación de la personación de la Junta como acusación particular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid «afirma con rotundidad» que la Comunidad no es «perjudicada».

El presidente interpretó que lo que la juez está trasladando con esta desestimación de la personación es que «los fondos públicos no se han visto afectados» y, por lo tanto, concluyó que «no ha habido malversación de dinero público».

Se detuvo también en uno de los puntos clave en el procedimiento administrativo que se investiga, como es la figura de la avocación para que Rafael Delgado asumiera plenos poderes para resolver estos expedientes, en detrimento de las delegaciones territoriales en las diferentes provincias. Al respecto, afirmó que su utilización fue «plenamente legal» y citó la Ley de Procedimiento Administrativo para rechazar el argumento dado por la Intervención General del Estado para considerar «ilegal» que pudiera modificarse un decreto por medio de una instrucción para materializar la avocación.

Sobre el problema

«La avocación no ha sido el problema», resumió Herrera, convencido de que las actuaciones de su Gobierno para desarrollar este sector en los noventa y primeros años del nuevo siglo han sido «beneficiosas» para las inversiones y el empleo de la Comunidad. Herrera argumentó que la normativa desplegada por la Junta para ordenar la «auténtica carrera entre comunidades autónomas para obtener los máximos réditos en inversión y empleo» fue más exigente que las de otros territorios y tenía como uno de los objetivos «evitar operaciones puramente especulativas». Dijo desconocer las supuestas irregularidades detectadas por la Agencia Tributaria en el que los medios de comunicación informaron de un informe que alertaba de supuestas prácticas corruptas, en abril de 2015. En este sentido, el presidente trató de argumentar su desconocimiento de los hechos y la ausencia de denuncias con la «inacción del PSOE» en esta materia, al reprochar que en los años de los que ahora se hablan no ha habido preguntas de la oposición al respecto.

El socialista Javier Izquierdo vió a Herrera «achicharrado políticamente».