El caso de Sara obliga a la Junta a revisar su política de protección hacia los menores

Efe | Valladolid

La consejera de Familia de Castilla y León, Alicia García, defendió ayer la actuación de los Servicios Sociales en el caso de la niña de 4 años que murió, supuestamente tras sufrir maltrato y abusos sexuales, y explicó que la Junta iba a asumir su tutela un día antes del fallecimiento. La decisión de tutelar a la menor y a su hermana se adopta el 2 de agosto «no porque se piense o se tengan indicios de que pueda existir un riesgo vital para las niñas, que hasta ese momento no se desprendía de nada de lo que se conocía por ninguno de los diversos profesionales de los distintos ámbitos que habían tenido conocimiento del acaso», manifestó.

La decisión de toma «por la negligencia de la madre en la atención doméstica de sus hijos y por su falta de colaboración con los servicios sociales», aclaró la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en la Comisión Extraordinaria correspondiente de las Cortes autonómicas.

La consejera compareció a petición propia, para informar sobre las actuaciones de los Servicios de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid en relación con la menor de 4 años que falleció el pasado 3 de agosto, un caso por el que se encuentran presos la madre de la pequeña y su pareja. «Nadie, ni los profesionales que anteriormente habían conocido el caso», en concreto la policía, la Fiscalía y la autoridad judicial, «ni el entorno cercano a las niñas pensaba que alguien pudiera atentar contra la vida de Sara».

«Profundo pesar»

García inició su comparecencia trasladando su «profundo pesar y el del Gobierno de la Comunidad de Castilla y León por el brutal asesinato» de la niña y la consternación como responsables públicos y ciudadanos ante unos hechos que «por su injustificada e irracional crueldad, superan la capacidad de comprensión de cualquier persona». Destacó que el caso se situó en un primer momento en un supuesto de violencia de género —sufrida por la progenitora por parte de su expareja— y subrayó que «la separación del menor de su familia es, sin duda alguna, la medida más extrema de protección. La consejera, quien detalló la normativa en materia de menores y protección, ha considerado que la pregunta correcta debe ser si, sabiendo lo que se sabía, fue correcto lo que se hizo. «Y nuestra respuesta es que se hizo lo correcto», resumió.