Cautelas impropias
E l mismo día del santo de los gochines y ya con los guirrios agitando el horizonte, comprobamos cómo los partidos mayoritarios siguen echando el manto de protección a sus investigados por la catástrofe de las Cajas de Ahorros. Lo que viene a significar la pantomima que denuncia la ex vicepresidenta popular Rosa Valdeón (también presidenta del comité de control de Caja España) y el escándalo que verbaliza desde León el socialista Tino Rodríguez. Aunque tiene bemoles que nadie examinara previamente en la comisión los oscuros intereses de algunos pesquisidores, colocados ahí por sus jefes de grupo para que no molestaran más de lo debido con sus interrogatorios. ¿Cómo va a indagar quien tiene un chalé conseguido con turbias ventajas en la almoneda de la crisis? Por no abundar con otros ejemplos que torturan el sosiego. Y así van consumiendo sesiones con dieta en la Comisión de investigación parlamentaria sin sacar nada en limpio.
Porque pareciera que a nadie le interesa conocer las ventajas inmobiliarias y económicas obtenidas por los consejeros investigados de las entidades confiadas a su gobierno. Puestos en ese plan, estaban ellos aviados para analizar la idoneidad de los créditos al jefe o reparar en el abuso de preferentes y cláusulas suelo. Acaso es que los pesquisidores parlamentarios no hablan con nadie que les ilustre sobre estos manejos, con lo fácil que lo tienen sin necesidad de consumir más dietas ni viáticos. Porque este espectáculo ha sido público y cercano. Todo antes de incurrir en el teatrillo de pretender ofrecernos pasto poniendo en el brete a quienes ni siquiera están investigados, mientras se relega y protege a los señalados por la actuación judicial. ¿Qué papelón es ese? Porque los socialistas de las Cortes de Castilla y León han votado la propuesta restrictiva popular, desechando la más amplia de Podemos. Con ese tajo, dejan fuera al número 3 del PP e investigado Fernando Martínez Maíllo y al presidente autonómico del PP Alfonso Fernández Mañueco, pero también a sus conmilitones Carlos Martínez, alcalde de Soria, y José Francisco Martín, secretario del grupo socialista en las Cortes, escenario de estas averiguaciones.
Entretenidos en mirar para otro lado, esperando que los jueces resuelvan tardíamente este conflicto creado por políticos metidos a gestores financieros, los comisionados de las Cortes de Castilla y León interrogan sobre aspectos generales, propicios a la evasión discursiva. No se sabe si por desorientación o por falta de brújula. De manera que los comparecientes divagan aleteando sobre el cadáver, preocupados de llevar la interlocución por vericuetos macroeconómicos y cuidadosos de no responder sobre aquello que no son interrogados. El uso de las tarjetas nagras o parduzcas, por citar un ejemplo, o el tráfico inmobiliario producido entre las entidades y sus consejeros, cuidando de detallar si se hizo en condiciones homologables con el resto de los mortales o privilegiadas. Y en cuanto a esta vendimia de pisos y chalés del parque inmobiliario de nuestras Cajas, tanto interesa desvelar si se produjo por la vía del acceso restringido como las condiciones hipotecarias del arreglo. Porque estamos corriendo el riesgo de consumir nuevas dietas en la Comisión parlamentaria para no averiguar otra cosa que solemnes evacuaciones dictadas con pillería o inculpaciones al maestro armero, a quien ellos mismos encomendaron la gestión de este tinglado ruinoso.