Atasco en la ordenación territorial
La tramitación del proyecto de ley de las unidades básicas rurales está a punto de cumplir un año marcado por la falta de acuerdo entre PP y PSOE Permanece ‘congelado’ en las Cortes, donde ha acumulado prórrogas de varios grupos.
Procuradores del Grupo Popular de las Cortes de Castilla y León. NACHO GALLEGO
Óscar R. Ventana | Valaldolid
La tramitación del proyecto de ley de las unidades básicas rurales, que incluye los mapas de la prestación de los servicios esenciales en los pueblos diseñados por la Junta de Castilla y León, está a punto de cumplir un año marcado por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE y su consiguiente atasco parlamentario.
La presentación del proyecto de ley por parte del principal valedor de la norma, el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, se produjo el 26 de enero de 2017, tras un Consejo de Gobierno en el que se mostró «optimista» sobre la posibilidad de que la norma pudiera estar aprobada «en el arranque de la primavera».
Un año después, de la posibilidad de que ‘aflorara’ en primavera se ha pasado a que el proyecto de ley permanece ‘congelado’ en las Cortes, donde ha acumulado prórrogas pedidas por diferentes grupos parlamentarios para registrar enmiendas, pero que finalmente ha culminado con la presentación de una enmienda de totalidad por parte del PSOE.
El cuello de botella
La clave de este bloqueo radica en que la Ley de Ordenación del Territorio aprobada en la anterior legislatura preveía que los denominados ‘mapas urbanos’ —ya aprobados— como los ‘mapas rurales’ —donde se ha atascado el proceso— debían ser apoyados por al menos dos tercios de los procuradores de las Cortes de Castilla y León, en en la presente legislatura 56 de los 84 —PP y PSOE sumarían 67—. Esta exigencia legal llevó al PP y al PSOE a mantener negociaciones que, en palabras del vicepresidente eran «discretas» y que le hacían ser optimista, pero todo cambió cuando los socialistas dieron la voz a sus alcaldes y concejales y éstos mandataron al líder autonómico, Luis Tudanca, oponerse a la normativa propuesta por la Junta.
El motivo esencial para este rechazo es que los socialistas consideran que los servicios esenciales —educación y sanidad— no quedarían garantizados con la actual norma por la falta de recursos económicos y los recortes aplicados en los últimos años, mientras que la Junta defiende que se garantizaría su prestación, lo que ha llevado a ambas partes a protagonizar duros cruces de acusaciones por esta cuestión.