Los consejeros de la Caja firmaron para que Llamas tuviera créditos a riesgo cero

Los consejeros de Caja España hicieron dejación de sus funciones y permitieron que su presidente, el constructor Santos Llamas, se financiara con créditos de la entidad sin asumir riesgo alguno. Es decir, cuantos cobraban para velar por los derechos de los impositores de la Caja, trabajaron, según las conclusiones de los inspectores del Banco de España, de manera desleal con ellos. «Todos los riesgos los asumía, en su totalidad, Caja España», aseguraron los peritos Miquel Seguí y Francisco Javier Lorente el pasado mes en el Juzgado de Instrucción número 5 de León, que instruye el caso.

Los inspectores añadieron que, según sus investigaciones, los por entonces consejeros —Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez González, Bernardo Fernández Álvarez, Francisco Javier Fernández, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro Vidal, Marcos García González, Francisco Javier García-Prieto, Zenón Jiménez-Ridruejo, Fernando Martínez Maíllo, Alejandro Menéndez Moreno, María Begoña Núñez, María Olga Palacio y José Antonio Turrado— incumplieron los límites y la política de riesgo que la propia entidad se había impuesto y aprobado en el Consejo de Administración celebrado en abril de 2004.

Gestión del riesgo

Estas revelaciones forman parte de la instrucción del caso por el que trece consejeros de la Caja, entre ellos el número 3 del PP, Fernando Martínez Maíllo, por entonces presidente de la Diputación de Zamora, están siendo investigados. Los inspectores añadieron que se incumplió la normativa de gestión de riesgo de la propia entidad que, además, calificaron de «deficiente y mejorable». «No hubo un seguimiento adecuado del riesgo de crédito con relación a las empresas del grupo Santos Llamas», declararon. El Juzgado número 5 de León investiga las operaciones del Consejo a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida cuyas diligencias se abrieron en el año 2013. El consejo de administración que aprobó las operaciones entre 2007 y 2009 está investigado por la refinanciación de la deuda de Santos Llamas.

Diario de León ya adelantó la semana pasada que la Audiencia podría citar en breve a Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, como investigado por el caso de la gestión de la extinta Caja España. El pasado 8 de enero, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de León solicitó a los abogados de los investigados en la citada causa la información de sus defendidos para conocer si alguno de ellos ostenta la condición de aforado y que, en caso afirmativo, lo acrediten de manera documental. La jueza dio un plazo de tres días, que sigue sin cumplirse. Sin embargo, y según ha podido saber Diario de León, la defensa de los investigados no han presentado aún la información solicitada. Una argucia legal ha esquivado la providencia dictada por Rocío González Boñar. Las defensas de todos los investigados han presentado documentación en la que solicitan la legitimidad de la acusación popular, ejercida por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, y el archivo de la causa por entender que no hay indicios de delito.

No obstante, y según las mismas fuentes, la presentación de la información requerida por la magistrada no debería aplazarse más allá de dos meses, si bien el juicio podría demorarse años. La Fiscalía sostiene que el perjuicio económico para la entidad a causa de la administración desleal se cifra en 60 millones de euros.