La Junta hará un censo de víctimas de Franco para sacarlas de las cunetas

La Junta de Castilla y León prevé la firma de convenios con el Centro Documental de la Memoria, con sede en Salamanca, con la finalidad principal de elaborar un censo de víctimas de la Dictadura Franquista en la Comunidad, como han pedido las asociaciones a la Consejería de la Presidencia, con las que se colaborará en la búsqueda y exhumación de sus familiares. «Un país democrático no puede permitir no haber cerrado este capítulo de la historia, ni tener muertos en las cunetas, seguro que algo hemos hecho mal», reflexionó el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al explicar el contenido del decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León aprobado ayer por el Consejo de Gobierno.

El vicepresidente manifestó que ya han mantenido contactos con el director del Centro Documental de la Memoria y confió en un encuentro para «ver la colaboración» antes de que termine este mes de abril. Junto al decreto, con el que «se da un paso importante» para normalizar este episodio histórico, De Santiago-Juárez informó también de que el Bocyl publicará, previsiblemente, en este mes una convocatoria de ayudas de 100.000 euros destinada a las asociaciones de la Memoria Histórica para colaborar con ellas en la búsqueda y exhumación de sus familiares, una de las demandas realizadas a la Junta.

Educar en la Verdad

Entre las novedades recogidas en la fase de tramitación, el vicepresidente destacó que en los antecedentes del decreto se incluye el apellido de «franquista» —sólo figuraba dictadura, como piden las asociaciones— y se establece la asignatura de ‘Educar en la Verdad’ en el curriculum de ESO y Bachillerato, si bien hasta su implantación la Consejería de Educación elaborará unidades didácticas que pondrá a disposición de la comunidad educativa. Después de subrayar que el decreto tiene el respaldo de las organizaciones sindicales y del «99 por ciento» de las asociaciones, explicó que se mantiene el Consejo Técnico de la Memoria Histórica, como el órgano encargado de autorizar las actuaciones y comprobar que el proyecto concuerde con la norma estatal, en una decisión vinculante para los ayuntamientos. Estará formado por un representante de la Consejería competente, tres técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta, dos representantes de la Asociación de la Memoria Histórica y otros dos de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

También habrá un Consejo Asesor del que formarán parte el titular de la Consejería competente, una persona de reconocido prestigio que será el presidente de este órgano, así como un representante de Patrimonio Cultural, uno de la Memoria Histórica, dos FRMP, dos de las Cortes, cuatro expertos de las universidades, cinco de las asociaciones y uno por cada sindicato más representativo.

Además, se trabajará en coordinación con el Ministerio de Justicia en la elaboración y actualización del mapa de fosas comunes y se apoyarán los actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas. En el decreto se recoge que se realizarán estudios para analizar la posibilidad de crear un Banco de ADN, aunque De Santiago-Juárez se refirió a su dificultad. Por otro lado, la competencia extresa de la memoria histórica se atribuye expresamente a la Consejería de la Presidencia.

Exhumación de los restos de las víctimas franquistas en Villalquite. JESÚS F. SALVADORES

En el otoño de 2016 se acordó la creación de un grupo de trabajo entre la Junta y los grupos de las Cortes, presidido por el procurador socialista Álvaro Lora, para avanzar en esta materia junto a las asociaciones, si bien por distintas dificultades, no achacables a quien es su presidente, esté se paralizó.

La Consejería de la Presidencia optó por la elaboración de un decreto al considerar que es un instrumento «más ágil» que la elaboración de la una ley, como pidieron los grupos de la oposición y algunas asociaciones. De Santiago-Juárez argumentó hoy que los grupos pueden tomar la iniciativa y presentar una proposición de ley en las Cortes, pero recordó que está en revisión la norma de2007 de la etapa del Gobierno socialista.

Santiago-Juárez manifestó que tanto en su etapa como portavoz del Grupo Popular como en la Consejería de la Presidencia se ha trabajado de manera discreta con las asociaciones y subrayó que ahora se «da un paso» para facilitar la labor de éstas, que han tenido dificultades y solicitan fondos para financiar los costosos estudios de ADN.

Críticas de la ARMH

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha lamentado que el decreto de la Junta de Castilla y León busque, a su juicio, «publicitar un cambio político» en lugar de «resolver las demandas de las víctimas del franquismo». En un comunicado remitido a Europa Press, la ARMH rechaza la propuesta de encargar al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca la elaboración de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura cuando «la mayoría de los asesinatos de las personas exhumadas fueron extrajudiciales y no dejaron rastro documental».

Asimismo, advierte, ante la posibilidad de crear un banco de ADN, de que «sólo depende de tener o no tener voluntad política para llevarlo a cabo».

Según ha afirmado la Asociación, no optará a las ayudas de la Junta porque «no tienen el objetivo real de atender a las víctimas que deberían ser escuchadas en el Parlamento autonómico». En su opinión, la «verdadera» elaboración de un censo de víctimas de la represión franquista pasa por «articular grupos de trabajo que actúen en todo el territorio autonómico, que visiten los registros municipales y que lleven a cabo entrevistas con familiares o conocidos».

Banco de ADN

Con respecto a la posibilidad de estudiar la viabilidad de un banco de ADN, se trata de «otra muestra para utilizar un lenguaje grandilocuente sin aseverar un compromiso». «La creación de un banco de ADN no es algo complejo y dependen fundamentalmente de la voluntad política para hacerlo. Anunciar la posibilidad de llevar a cabo algo de lo que seguidamente se dice que es muy complicado no parece más que otra forma de hacerle propaganda a su decreto», critica el comunicado.

Todos estos «errores incomprensiblemente apoyados» por sindicatos que «nunca han organizado exhumaciones que se conozcan», tienen que ver, a su parecer, con el modelo de política de la memoria que está del Gobierno autonómico de «secuestrar al Parlamento el procedimiento que debe ser llevado a cabo a través de una comisión en la que se dé voz a las víctimas y a las personas expertas que llevan años haciendo que la Comunidad Autónoma de Castilla y León sea la que ha tenido más exhumaciones de asesinados por los fascista de todo el Estado».