Marejada por la ausencia de Herrera

ICAL | VALLADOLID

La ausencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en la sesión de control del próximo pleno de las Cortes, el día 29 por la tarde, debido a la visita del Rey a Aguilar de Campoo derivó ayer en una polémica en la reunión de la Junta de Portavoces, entre el socialista Luis Tudanca, por un lado, que tuvo el apoyo de la presidenta de la Cámara, Silvia Clemente, y sus homólogos parlamentarios.

El portavoz socialista será el único que mantendrá su pregunta al presidente en el pleno, que formulará en relación a la sentencia de la financiación ilegal del PP, en la que uno de los condenados es el exvicepresidente de la Junta y exdirigente del PPCyL, Jesús Merino, mientras que Pablo Fernández (Podemos) y Luis Fuentes (Ciudanos), estimaron que no tiene sentido dirigirse a Herrera si éste, por motivos de agenda, no está en el hemiciclo, algo que tuvo el apoyo del PP. Ante la falta de acuerdo de los portavoces, Clemente se acogió al artículo 158.3 del Reglamento de la Cámara en el que se recoge el derecho «en el caso de la inasistencia del presidente a que la pregunta será respondida por otro miembro de la Junta de Castilla y León».

La valoración de la sentencia, la despoblación y la aprobación de la ley de Cooperativas de la Comunidad centran una parte del pleno de las Cortes, que se celebra los próximos 29 y 30 de mayo, con la ausencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el primer día, en la sesión de control, por la visita del rey.

El plenario arrancará el martes por la tarde con la pregunta del portavoz socialista, Luis Tudanca, al presidente de la Junta. «¿Cómo valora el presidente la sentencia y la condena del exvicepresidente Jesús Merino»? En ausencia de Herrera será un miembro del Gobierno quien la responda. Mantener la pregunta al jefe del Ejecutivo ausente fue motivo de polémica en la Junta de Portavoces, ya que ni Pablo Fernández (Podemos), ni Luis Fuentes (Ciudadanos) utilizarán ese derecho que otorga el Reglamento.

Quien sí lo hará será el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, que mantiene su pregunta. En el turno del control a los miembros del Ejecutivo, los procuradores socialistas se referirán a la efectividad de las medidas para luchar contra la despoblación y a sí las anunciadas por Mariano Rajoy en Zamora son «las adecuadas para esta tierra», una temática que tendrá continuidad el segundo día del pleno con el debate y votación de una proposición no de ley de este grupo.

Los gastos de las sedes de la Junta en el exterior, los plazos para revertir los recortes en la sanidad, la posible reducción de las ayudas a la PAC y fondos de cohesión en el periodo 2021-2027 o el funcionamiento de la Unidad del dolor del Hospital de León completan las preguntas de los socialistas.

Podemos se interesará por el reparto de la asignación del 0,7 por ciento del IRPF o por la diversidad educativa. Ciudadanos ,por la supervisión y control de las obras del tramo de Alta Velocidad en las provincias de Palencia y Burgos y por la trayectoria del Festival de las Artes. José Sarrión (IU) pedirá una valoración del servicio de lavandería y cocina que presta el Hospital de Salamanca.

En cuanto a las proposiciones no de ley, el Grupo Socialista insta a la Junta a que medie entre Cecale y los sindicatos en materia de salarios y la urgencia en la adopción de medidas en los territorios con graves riesgos de despoblación; el Popular pide la declaración de los ‘Centros de Enseñanza Históricos de Castilla y León’ y Podemos plantea un cuerpo de bomberos de la Comunidad.

De empate en comisión llegan al plenario otras cuatro PNL, dos de Podemos, relativas a reducir tasas universitarias y aumentar las ayudas a las becas y la creación de una comisión de seguimiento de explotaciones ganaderas vulnerables, y dos del PSCyL, sobre ayudas para el sector cunícola y la ejecución de la FTTH en el polígono industrial de Valverde del Majano.

Ley de Cooperativas

El pleno se cerrará con el debate del dictamen de la comisión para la modificación de la ley de Cooperativas de Castilla y León, cuyo objetivo, según el texto remitido por la Junta, es reducir trámites en su constitución, adaptar su funcionamiento a los sistemas electrónicos y facilitar a estas sociedades competir en igualdad con otras empresas en los mercados.

El proyecto, que modifica la misma ley del año 2002, pretende simplificar y agilizar el funcionamiento de las cooperativas, adaptándose a los sistemas de gestión electrónica y a las nuevas fórmulas de cooperativismo. Entre los cambios para su constitución, están la ampliación del capital social mínimo general a 3.000 euros, ahora son 2.000 euros, y la reducción de tres a dos el número mínimo de socios trabajadores en estas sociedades.

También se establecerá el silencio positivo respecto a trámites administrativos fundamentales como la calificación previa de los estatutos y la inscripción de la cooperativa en el Registro de Cooperativas de Castilla y León, y se regulará un nuevo tipo de socio, el de servicios, definido como aquel que sin participar en la actividad principal de la cooperativa, puede participar en otras accesorias o no principales de ésta.

En la Comunidad existen 2.102 cooperativas que generan 10.740 empleos. Al texto se presentaron diez enmiendas por IU, seis por Podemos, doce por Ciudadanos, 24 por el PSOE y cinco por el PP.