El PSOE achaca al PP la pérdida de 18.000 ciudadanos de menos de 49 años en 2017

ical | valladolid

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, pidió ayer a los grupos de la oposición que actúen «más allá de la crítica» y que realicen «alguna propuesta» en materia de despoblación. Así lo dijo en respuesta a la pregunta de la procuradora socialista, Virginia Barcones, que pidió al Ejecutivo autonómico conocer si la Junta considera que su actuación está siendo efectiva para luchar contra la despoblación en la Comunidad.

Fernández Mañueco recordó que en los últimos cinco años se han generado más de 50.000 puestos de trabajo y pidió a los socialista que valoren, como hacen los ciudadanos, la calidad de los servicios públicos de Castilla y León. «No he oído sus propuestas», insistió el consejero de Empleo, quien recalcó la necesidad de contar con una oposición «más allá de la crítica» y que dejen de olvidarse de las propuestas.

El consejero de Empleo recordó que al inicio de la legislatura se marcaron tres objetivos que fueron el diálogo y la participación en las políticas demográficas; extender estos aspectos más allá del territorio de Castilla y León; y la modernización de la agenda para la población que había sido aprobada en la Comunidad en el año 2010.

La procuradora socialista, Virginia Barcones, considero que la estrategia de la Junta en materia de despoblación «ha fracasado estrepitosamente» y se preguntó si los responsables del Ejecutivo son conscientes «de la situación en la que han sumido a la Comunidad» que registra más de 18.000 personas menos en el último año, en su mayoría ciudadanos de entre 30 y 49 años que son «población activa» que se va de Castilla y León «porque no encuentra una expectativa de futuro» gracias a la «no política» del PP. Para los socialistas, las actuaciones del PP están «superando las propias previsiones del INE» y han tenido que «corregir sus estimaciones» porque se pierde la mitad de la población de España y de las diez provincias con menor proyección demográfica, seis son de Castilla y León, ante lo que la Junta «no está haciendo nada» y está fiando «todo» a una estrategia nacional que «hace meses que tendría que estar encima de la mesa». «No tienen capitán ni estrategia, no saben dónde nos llevan y vamos al fracaso como Comunidad», concluyó Barcones.

La procuradora socialista por Zamora Ana Sánchez pidió al consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, que explicara qué medidas de las anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Zamora ayudarán a frenar la despoblación en su provincia. Insistió en que sus vecinos le piden soluciones y que «se dejen de reir de ellos».

Fernández Carriedo destacó los 150 millones previstos para mejorar la cobertura del internet de alta velocidad, el aumento del permiso de parternidad, el Cheque guardería y el Cheque nacimiento, las medidas del Plan de Vivienda para municipios de menos de 5.000 habitantes, las ayudas al empleos o la ampliación de la tarifa plana de autónomos.

Sin embargo, Ana Sánchez consideró que el PP se encuentra en un momento «decadente», en «descomposición» por lo que criticó que celebren convenciones de «palmeros» en los que los dirigentes ‘populares’ acuden a rendir «pleitesia» al coordinador del PP, Fernando Martínez-Maillo. Además, destacó las medidas propuestas por su partido en el Senado y las que debatirá mañana las Cortes.

Sánchez pidió a los ‘populares’ que devuelvan la «decencia» y abandonen los «insultos». Fernandez Carriedo ironizó con la llegada del AVE a Zamora, que recordó a la procuradora socialista, al tiempo que destacó que todas las provincias de Andalucía y Extremadura tienen una tasa de paro superior a la de Zamora.

Ayudas al tercer sector

Por otro lado, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, defendió ayer el modelo de reparto de las ayudas sociales con cargo al 0,7 por ciento del IRPF, su «blindaje» en la asignación a las onegés y el adelantó de la subvención para atender a 40.000 personas vulnerables. «Es una chapuza la asignación directa y no a través de la concurrencia competitiva», sentenció la procuradora de Podemos Laura Domínguez, que requirió la respuesta de la consejera ante el pleno de las Cortes para conocer si se ha realizado de manera «transparente y equitativa».

García replicó que el modelo de gestión de estas ayudas contó con el aval y el aplauso de las organizaciones del Tercer Sector, que el reparto de manera directa es legal, como se acordó en el Consejo Interterritorial, y concluyó que las bases de las mismas, que critica la procuradora, fueron acordadas con las onegés.

Por último, concluyó que los retos marcados por su departamento fueron «blindar» las ayudas de 2016 y anticipar a diciembre de 2017 los fondos a las organizaciones para mantener la atención por parte de éstas a 40.000 personas vulnerables.