Diario de León

Sólo el 0,3% de los bosques de la Comunidad recibe tratamiento para prevenir incendios

Ingenieros de Montes y Técnicos Forestales reclaman a la Junta una gestión forestal más ambiciosa y eficaz.

Un grupo de trabajadores de las brigadas forestales antiincendios de la Junta de Castilla y León. L. DE LA MATA

Un grupo de trabajadores de las brigadas forestales antiincendios de la Junta de Castilla y León. L. DE LA MATA

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ical | valladolid

La Asociación de Funcionarios Ingenieros de Montes y técnicos Forestales de la Junta de Castilla y León (AFIMFOCL) puso ayer sobre la mesa lo deficitaria que es la política forestal al denunciar que tan solo el 0,3 por ciento de la superficie forestal de la comunidad autónoma recibe tratamientos preventivos.

En una carta dirigida al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la asociación enumeró las deficiencias que a su juicio deben ser corregidas con urgencia. Así, criticaron la escasez de una plantilla que impide aplicar un organigrama de mando conforme al Sistema de Manejo de Emergencias (ICS) que defina el funcionamiento del mismo en función del grado de gravedad de cada incendio.

Desde la asociación han afirmado que su modelo está sometido a «condiciones laborales precarias», como jornadas laborales «muy superiores a las recomendables» y un borrador de relación de puestos de trabajo demoledor para el sector, y por eso han pedido un dispositivo más diverso y en el que existan unidades y personal altamente especializado.

MAPA DE VULNERABILIDAD

El colectivo ha reclamado una gestión forestal general que se centre en las áreas más vulnerables y cree paisajes menos peligrosos y más resilientes a la llegada del fuego, a la vez que argumenta que tratamientos preventivos sobre superficies insignificantes como 15.000 hectáreas de 4,9 millones (0,3 por ciento) «de poco sirven» para defender los montes del fuego. En lo referente al número de incendios, han reconocido un descenso gracias a la eficacia de los operativos, pero han señalado que el principal problema son los grandes incendios forestales que calcinan más de 500 hectáreas con «consecuencias sociales y ecológicas graves» y cuya tendencia es creciente.

Por último, han denunciado la falta de una norma que regule el funcionamiento del servicio de extinción de incendios forestales donde queden reflejadas las funciones de cada medio o puesto, y una indefensión jurídica de los ingenieros de montes y técnicos forestales que ejercen como directores técnicos de extinción debido a la ausencia de normativa y protocolos claros en este sentido.

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