La Memoria Histórica reprocha a la Junta que obstaculice exhumaciones
Se queja de la excesiva tardanza en resolver los trámites administrativos necesarios.
Una exhumación de fusilados en Ponferrada. L. DE LA MATA
eP | valladolid
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha criticado el Decreto en la materia de la Junta de Castilla y León por entender que el mismo «obstaculiza» las exhumaciones que viene llevando a cabo debido al «laberinto» administrativo creado al que han de enfrentarse las solicitudes de los familiares de los represaliados. Según el propio vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, el decreto había sido concebido para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas en la Comunidad y para «obligar a que los ayuntamientos e, incluso, los particulares, permitan llevar a cabo las excavaciones necesarias cuando se tengan indicios suficientes de que hay un enterramiento de represaliados», si bien «la realidad es bien distinta», tal y como denuncia el colectivo.
La ARMH tenía previstas dos exhumaciones para el pasado julio en Boadilla (Salamanca) y en Santa María del Tiétar (Avila). Las solicitudes de intervención fueron remitidas a los Ayuntamientos en febrero y junio de 2018, respectivamente. Y el caso no está todavía resuelto administrativamente.
En el caso de Boadilla se trata de una fosa común de cuatro vecinos de Robleda, asesinados en agosto de 1936. El terreno afectado es un pequeño espacio en el cementerio vecinal; la propia Junta Vecinal ha otorgado de palabra su permiso; por el contrario, la secretaria del Ayuntamiento de Las Fuentes de San Esteban se ha negado a otorgar el permiso en papel oficial con diferentes disculpas y, ni siquiera, ha respondido oficialmente a ninguno de los escritos de la asociación, critica el colectivo.
La ARMH solicitó amparo a la Junta, haciendo uso del decreto, pero la respuesta de la Junta fue que el procedimiento de solicitud comenzó previo al decreto, por lo tanto, no es un caso amparado por éste.
«La falta de atención por parte de la Junta a los familiares de las víctimas, que son quienes reclaman la búsqueda de sus seres queridos, viene a confirmar las sospechas de la ARMH, que denunció que las políticas de memoria castellanoleonesas deberían haberse llevado a cabo desde las Cortes, tras el trabajo de una comisión que escuchara a víctimas y técnicos».
En el caso de Santa María del Tiétar, la ARMH ha evidenciado que el decreto de Memoria Histórica de la Junta de Castilla y León genera un nuevo «laberinto burocrático» que retrasa la búsqueda y exhumación de las víctimas de la dictadura.