Batalla judicial para el retorno del Archivo de Salamanca
Los promotores de la nueva plataforma. ICAL
ical | valladolid
La nueva junta directiva de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca ha dado los primeros pasos para la batalla judicial que tiene previsto plantar tanto al Gobierno como a la Generalitat de Cataluña para la devolución al centro de 400.000 documentos aún pendientes. El presidente del colectivo, Policarpo Sánchez, explicó que irán «a por todas» después de haber analizado dos caminos posibles. «O nos rendíamos, porque curiosamente la ministra de Cultura que entregó los documentos es la vicepresidenta del Gobierno, o nos fortalecíamos», algo esto último por lo que han optado después de que hayan integrado en la junta directiva a nombres «muy brillantes» de diferentes ámbitos, entre ellos el abogado del Estado y ex banquero Mario Conde, o el periodista Hermann Tertsch. «Estamos convencidos de ganar».
El fin último es conseguir la devolución de los documentos al Archivo de Salamanca, así como sentar en el banquillo a «los responsables del expolio». Desde la asociación explicaron que se entiende este hecho como una causa «en favor de la cultura de España y de la historia de España», y ante la falta de actuación por parte del Gobierno se consideró que tenía que ser la sociedad civil quien diera ese paso.
Sánchez explicó que será a partir de octubre cuando arranquen las iniciativas previstas. La primera de ellas será la petición al Gobierno de la devolución de los documentos para así dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del pasado mes de diciembre que atribuyó a la Administración central la responsabilidd de devolver los documentos. «Como no lo han hecho, vamos a pedirles que cumplan ese mandato y devuelvan los documentos que la Generalitat tiene en su poder».
En el caso de que esa solicitud sea finalmente rechazada, se presentará un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional «inculpando a todo el Gobierno de Pedro Sánchez». Igualmente, está previsto que se presente una querella contra los consejeros de cultura del Gobierno catalán entre los años 2006 y 2015, dado que se tiene constancia documental de que, con el fin de no tener que devolver parte de esos documentos, han sido entregados a particulares.