La Audiencia archiva la causa del PGOU de Valladolid para diez acusados
AGENCIAS | VALLADOLID
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid acordó ayer el sobreseimiento del proceso de supuestas irregularidades en el PGOU para diez de los 14 acusados, al considerar prescritos los delitos presuntamente cometidos en relación a la manipulación cometida entre 2002 y 2007 para favorecer a determinados empresarios.
Según fuentes judiciales, el presidente de la Sala, José Luis Ruiz Romero, informó de esta decisión durante la comparecencia a la que estaban citadas todas las partes personadas en el ‘caso PGOU’ para resolver la prescripción de delitos. Así la resolución declara prescritos los delitos que se les imputaba y mantiene en el banquillo al exconcejal José Antonio García de Coca y a los técnicos municipales. La Fiscalía solicitaba las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita. A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro contra el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.
Empresarios
En cuanto a los empresarios, la Fiscalía pedía dos años y medio de cárcel para Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel Marqués de la Ensenada.
Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que a los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo, les imputa un delito de tráfico de influencias.