La Comunidad tiene la ratio más baja de víctimas de violencia machista

Castilla y León es la comunidad autónoma con la ratio más baja de mujeres víctimas de violencia machista, en concreto 10,25 por cada diez mil, mientras que la media nacional se sitúa en 16,89, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En Castilla y León se presentaron en el segundo trimestre de este año un total de 1.303 denuncias por violencia machista, mientras que las mujeres víctimas se situaron en 1.253.

En el conjunto del país, las denuncias por violencia machista bajaron un 1,4 % en comparación con el mismo periodo de 2017, y también descendieron las solicitudes de órdenes de protección, un 4,2 %. En ese periodo se presentaron 42.077 denuncias por violencia de género, el 67 % interpuestas por la víctima -un 2 % menos que en 2017-, un 16 % fueron resultado de la intervención directa de la policía, un 9 % a raíz de un parte de lesiones y apenas un 2,1 % de la familia.

También se registró un descenso de las mujeres víctimas, que fueron 40.232, un 0,3 % inferior al dato del mismo trimestre de 2017. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, el 68,3 % eran españolas y el 31,7 %, extranjeras. Las solicitudes de órdenes de protección, bajaron un 4,2 % hasta las 11.279.

A pesar del descenso de las denuncias y las solicitudes de órdenes de protección, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ destaca que las sentencias condenatorias aumentaron: las condenas fueron del 69 %, una cifra un 1,2 % superior a la del segundo trimestre del 2017.

En ese periodo de tiempo, se enjuiciaron a 74 menores por delitos machistas y se impusieron medidas en el 94,6 % de los casos.

El Observatorio del CGPJ subraya el incremento de la dispensa de las mujeres de la obligación legal de declarar, que pasó del 10,3 % en el segundo trimestre de 2017 al 11 % en el mismo 2018, cuando 4.426 víctimas optaron por no declarar contra su pareja o expareja.

Siguen siendo las extranjeras las que más se acogen a esta dispensa (un 12 % del total, frente al 10,5 % de las españolas).

Entre abril y junio, las condenas a maltratadores aumentaron un 1,2 % hasta las 9.149, un 68,4 % del total de sentencias dictadas), frente a 4.235 absoluciones.

En el segundo trimestre de 2018, las medidas judiciales penales de protección ascendieron a 16.272, un 0,3 % más: en un 66 % de los casos se adoptaron órdenes de alejamiento; en un 66,8 %, prohibición de comunicación; en un 9,7 % %, prohibición de volver al lugar; y en un 2,9 % % se decretó la privación de libertad.

Por su parte, se dictaron 4.267 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal: un 20,2 % en relación con la prestación de alimentos, un 17,1 % con la atribución de la vivienda, un 5,1 % con la suspensión de la guarda y custodia de los hijos; y un 2,9 % tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, considera positivo el aumento de las medidas civiles de protección, el mantenimiento de las órdenes de protección y la consolidación del incremento de las sentencias condenatorias.

"Una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a que todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona", ha destacado Carmona.

En cuanto a la disminución del número de denuncias, ha insistido una vez más en la necesidad de apostar por la visibilidad de la violencia de género acompañada por la prevención, la protección y el amparo a las víctimas.

Los datos del CGPJ reflejan que la violencia de género se da de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 habitantes superó la media nacional (16,89) en los casos de Baleares (26,13), Murcia (21,33) y Andalucía (ligeramente superior a 20). Las ratios más bajas se dieron en Castilla y León (10,25) , Extremadura (11) y Galicia (11,5).