Supremo esperpento
P ara acercarnos al desvelo de los supremos desvaríos de nuestra cúpula judicial, no puede prescindirse en ningún caso de la escenografía que ampara sus designios en el palacio conventual de las Salesas, que hace un siglo purificó el fuego. Su salón de plenos, donde el pasado martes 6 Luismari Díez-Picazo depuso sobre los actos jurídicos documentados al cabo de 15 horas de debate y deliquios, se arropa con un escudo de España de Benlliure sin las flores de Lis borbónicas, profusión de dorados, lámparas y cretonas, bajo la techumbre abovedada que ilumina una vidriera modernista y decora un fresco del paisajista burgalés Marceliano Santa María (1866-1952), pintor de la médula de España, representando el triunfo de la Justicia sobre las asechanzas malignas.
Acaso Luismari, jurista de rancia estirpe carlista, había forzado quince días antes esta tenida judicial extraordinaria por el gusto de presidirla en el salón de las grandes solemnidades. Engreído y aturdido, cuando convocó a destiempo el plenario de sala abogaba porque los actos jurídicos documentados de las hipotecas los pagara la banca, pero sin retroactividad. Luego, el cansancio hastiado lo apearía de esa convicción para apuntarse a la contraria, como buen marxiano. Sus colegas más despiertos suelen aplicar a este infatuado políglota la sentencia de Ortega y Gasset sobre Madariaga: la profusión de lenguas amplifica y dispersa su tontería en cinco idiomas.
Pero esta vez el pronunciamiento cenutrio del Supremo desencadenó un proceso de inmediata revocación por el gobierno, reactivando en el parlamento los trabajos de una Ley hipotecaria que ya acumulaba más de dos años de descuido en la holgazanería de los legisladores. También averió esta gestión estrafalaria de un asunto tan sensible, confiemos que definitivamente, la expectativa de Luismari de trepar al Constitucional, como papá. Aunque no caben ilusiones excesivas, porque en tan alta magistratura tiene asiento nada menos que Pedro González Trevijano, ex rector de la universidad Rey Juan Carlos y asesor del Instituto de Derecho Público dispensador de los másteres fraudulentos del matillano Álvarez Conde. De Matilla de Arzón, pueblo zamorano vecino de nuestras localidades sureñas Bariones y Cimanes de la Vega o Lordemanos. Como los accesos a las más altas magistraturas se hacen por el sistema de canje y repartos de cromos, ningún baldón se puede considerar imposible. Esa fue la vía calatraveña frecuentada antes y ahora. Desde los tiempos gloriosos del lacio y pío Carlos Dívar (2008-2012), descendiente de curtidores cerrateños, que acabó dimitiendo agobiado por el escrutinio de sus excursiones a Puerto Banús.
Y no mejoró el percal de las altas magistraturas con el botsuano Lesmes, que como el campechano Borbón pidió disculpas, aunque sin redondear la faena, llevándose al infausto Luismari, cuya permanencia donde nunca debió estar siembra de sospechas al conjunto de la justicia. Y menos mal que la elección para el gobierno de los jueces se sustancia en el parlamento y no directamente por ellos. Porque la chabacanería de los repartos y pactos políticos no alcanza ni con mucho a la corporativa servidumbre judicial. Les han puesto por delante el nombre de a quien han de elegir (Manuel Marchena), y no se equivocan jamás, demostrando su talante no sólo servicial sino incluso ancilar. Como para dejarles a ellos solos el manejo de la Justicia.