Una ley para el foro de alto nivel Junta-entidades locales

ICAL | VALLADOLID

El PP y los grupos de la oposición en las Cortes ultiman el diálogo para lograr un «gran» consenso en la ley que creará la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, un foro de encuentro al más alto nivel entre la Junta, que ostentará la presidencia, y las entidades locales para tratar «asuntos de Comunidad» y similar al existente en España entre el presidente del Gobierno y los de las autonomías, después de la «amplía base» existente con la aceptación de la mitad de las enmiendas en los debates previos al pleno.

Entre las funciones de la Conferencia, figuran las de analizar las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales, que tengan trascendencia autonómica o que excedan de los intereses de una sola entidad local, intercambiar y coordinar la información sobre las actuaciones programadas por las administraciones públicas, potenciar y promover la suscripción de convenios interadministrativos entre la Junta y los gobiernos locales o aprobar su reglamento de organización y funcionamiento interno.

Los titulares de la Presidencia de la Junta, la Federación Regional de Municipios y provincias, la Consejería competente en Administración local, de las alcaldías de más de 20.000 habitantes, de las diputaciones provinciales y un vicepresidente o vicepresidenta de la FRMP para representar a las entidades locales de ámbito rural serán los miembros de la conferencia, que se reunirá una vez al año convocada por su presidente o presidenta. Además, habrá un Comité Permanente que se podrá convocar de forma ordinaria cada seis meses.

Los acuerdos se adoptarán por consenso de todos los miembros presentes de la conferencia, siempre que asistan dos terceras partes de los miembros y las recomendaciones se tomarán con el voto favorable de su presidente y dos terceras partes de los miembros presentes. El titular de la Consejería informará de los contenidos en las Cortes, al menos una vez al año.

El proyecto de ley, que ha cambiado el propio nombre de la norma por acuerdo de los grupos para denominase bajo la neutra fórmula de ‘Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación’, llega al plenario de la próxima semana con 61 enmiendas vivas de las 119 que fueron registradas, de las que 36 han sido transaccionadas. De este bloque pendiente, 17 corresponden al Grupo Socialista; 24, a Podemos; seis, a Ciudadanos; nueve, a IU y cinco, a UPL.

«Hay una amplía base de acuerdo», resume el secretario general del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, que confía en que la abstención expresada por los grupos de la oposición en el debate del proyecto se transforme en votos a favor de la ley en el pleno del próximo miércoles, 28 de noviembre.

La ponente socialista Gloria Acevedo expresó el deseo de su formación de que esta ley salga con el «mayor consenso posible», confía en acercar posición en estos días previos al pleno y recuerda que este proyecto de ley nace de la proposición no de ley firmada por su grupo, que fue defendida por el portavoz, Luis Tudanca, y aprobada por unanimidad en el pleno de las Cortes.

Natalia del Barrio, viceportavoz de Podemos, reconoce que la mitad de las enmiendas de su grupo se han recogido por el Grupo Popular, afirma que «no quieren bloquear» este órgano de cooperación entre la Junta y las entidades locales y destaca los cambios en el lenguaje inclusivo, propuestos por su grupo y el PSOE, como un avance del proyecto que se aprobará el miércoles.