La red de protección a personas vulnerables cuenta con 207 millones
Juan Vicente Herrera considera que desde Castilla y León se ha «sumado y aportado siempre» para poder mejorar todo tipo de prestaciones «de la mano del conocimiento de las 3.200 entidades del tercer sector próximo y cercano a las necesidades de la personas, dialogando y respetando para ello su espacio de actuación al tiempo que se desarrollaban estructuras públicas».
El presidente de la Junta repasó algunos de los avances con participación de las entidades del tercer Sector como el desarrollo de programas de atención a las personas con discapacidad como los de asistencia personal; itinerarios de inserción laboral o promoción de la autonomía personal; los acuerdos adoptados en dependencia; la aprobación de la Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica o los proyectos de Ley sobre perros de asistencia y el de voluntariado, ambos actualmente tramitándose en las Cortes de Castilla y León.
De hecho, según resaltó el presidente autonómico, fue «en los peores momentos de la crisis económica, cuando esa importante colaboración público-privada ha demostrado su fuerza» junto al papel de los 200.000 voluntarios de Castilla y León «ya que muchos dedican su trabajo a los servicios sociales». Así, expuso, surgió la Red de Protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica, «que contó con el consenso de todos a través del diálogo social y político y con la participación de la Junta, entidades locales y errcer sector», argumentó, y agregó que en 2018 esta Red cuenta con un presupuesto de 207 millones de euros para atender a 200.000 personas y familias.
Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, antes de dar paso a testimonios de beneficiarios de servicios sociales, dio la bienvenida a los 400 profesionales de la jornada bajo el lema ‘Trabajando juntos por el bienestar de las personas’ donde, según consideró, «el papel del tercer sector ha sido el pilar esencial» para lograr solidaridad en Castilla y León. «Hace años donde no se llegaba desde las administraciones públicas estaban estas entidades, las familias y los voluntarios hasta que luego, con el paso del tiempo, la colaboración público-privada logró avances muy importantes en el desarrollo de servicios sociales.