Herrera defiende que el autonomismo es el garante del Estado del Bienestar

ical | valladolid

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, alertó ayer sobre quienes «quieren repensar o incluso eliminar el modelo autonómico», ya que, en su opinión, quizás alientan también «algunas ideas para limitar el Estado del Bienestar» que se «gestiona y sustenta» desde las autonomías. Así lo puso de manifiesto al referirse a la cercanía del 40 aniversario de la Constitución que, dijo, «da pleno sentido al estado autonómico», e incidió en el logro que ha supuesto su aplicación para garantizar todo aquello relacionado con la prestación de servicios sociales.

Herrera intervino en la inauguración de jornada ‘Colaboración entre el Tercer Sector y las administraciones públicas. Avance en Derechos y Servicios’ en la que paticiparon unos 400 profesionales de la Comunidad. En su discurso dijo que es «oportuno recordar» en vísperas del 40 aniversario de la Carta Magna que «entre muchas de sus innovaciones» en su artículo primero se establece que España se constitute en un estado social, democrático y de derechos «y a partir de ahí se diseña una arquitectura institucional para hacer realidad los valores superiores de la libertad, la justicia y la igualdad de oportunidades».

En su opinión, los valores constitucionales han permitido pasar en las últimas cuatro décadas de una situación «donde imperaba solo la mera beneficiencia a la creación de estructuras formales de atención social y a un modelo de servicios basados en auténticos derechos subjetivos que dan pleno sentido al estado de las autonomías, que se debe defender siempre al servicio de las personas y las familias con la colaboración de la sociedad civil y los poderes públicos».

Apuesta autonómica

Por ello, Herrera sostuvo que ante «las luces y las sombras» que se ciernen sobre este modelo, se reafirma en la idea de que toda su vida pública «va a transcurrir en la apuesta autonómica dentro del compromiso constitucional y de descentralización política y administrativa, ya que no es casualidad que los padres de la Constitución lo vincularan al ejercicio de algunos de los más importantes derechos sociales y servicios públicos».

El presidente de la Junta apuntó que en pocos meses dejará atrás una parte importante de su vida tras 27 años de trabajo público, 18 de ellos como presidente del Gobierno regional, y que lo recordará siempre «con orgullo y afecto» al tiempo que confesó: «Ese día seré seguro mejor persona que cuando comencé este camino». Ese logro, concretó, se debe en buena parte a quienes forman parte del tercer sector y beneficiarios de servicios sociales con los que, apuntó, ha «trabajado, aprendido, soñado, progresado y sentido juntos». «Todo ello completa una vida que nunca me planteé pero al final así ha sido», enfatizó.

Por ello, valoró el trabajo en los últimos 40 años de todas las personas del ámbito público y privado vinculadas a servicios sociales con un catálogo con 112 prestaciones, que «exigieron, reivindicaron y apostaron por su evolución y que siguen y seguen siendo el mejor estímulo y acicate para todas las administraciones». Además, significó que desde Castilla y León se ha «sumado y aportado siempre» para poder mejorar todo tipo de prestaciones «de la mano del conocimiento de las 3.200 entidades del tercer sector próximo y cercano a las necesidades de la personas, dialogando y respetando para ello su espacio de actuación al tiempo que se desarrollaban estructuras públicas».

Juan Vicente Herrera repasó algunos de los avances con participación de las entidades del tercer Sector como la Ley de Igualdad de Oportunidades de las personas con Discapacidad de 2013; el protocolo para impulsar el modelo de mejora de la atención de 2015; y el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León 2016-2020. Además, aludió al desarrollo de programas de atención a las personas con discapacidad como los de asistencia personal; itinerarios de inserción laboral o promoción de la autonomía personal; los acuerdos adoptados en dependencia; la aprobación de la Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica o los proyectos de Ley sobre perros de asistencia y el de voluntariado, ambos actualmente tramitándose en las Cortes de Castilla y León.

De hecho, según resaltó el presidente regiomal, fue «en los peores momentos de la crisis económica, cuando esa importante colaboración público-privada ha demostrado su fuerza» junto al papel de los 200.000 voluntarios de Castilla y León «ya que muchos dedican su trabajo a los servicios sociales». Así, expuso, surgió la Red de Protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica, «que contó con el consenso de todos a través del diálogo social y político y con la participación de la Junta, entidades locales y errcer sector», argumentó, y agregó que en 2018 esta Red cuenta con un presupuesto de 207 millones de euros para atender a 200.000 personas y familias.

Testimonios

Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, antes de dar paso a testimonios de beneficiarios de servicios sociales, dio la bienvenida a los 400 profesionales de la jornada bajo el lema ‘Trabajando juntos por el bienestar de las personas’ donde, según consideró, «el papel del tercer sector ha sido el pilar esencial» para lograr solidaridad en Castilla y León.

«Hace años donde no se llegaba desde las administraciones públicas estaban estas entidades, las familias y los voluntarios hasta que luego, con el paso del tiempo, la colaboración público-privada logró avances muy importantes en el desarrollo de servicios sociales con mucho diálogo y participación», aseveró

García aseveró que la «conciencia social» existente en Castilla y León ha conseguido «las mejores prestaciones y servicios de todo tipo del país», donde destacó la puesta en marcha de la Red de Protección a familias y personas vulnerables que «aúna recursos y esfuerzos para ofrecer un atención integral en cualuier momento de la vida si se necesita».

El objetivo de foro celebrado hoy en el centro cultural Miguel Delibes de Valladolid se centró en compartir perspectivas, sensibilidades e inquietudes respecto a la colaboración entre la Administración regiomal y el tercer sector. Contó con dos mesas redondas, una con representantes de estas entidades de Castilla y León y otra con representantes nacionales, donde se analizó la colaboración tanto desde la perspectiva autonómica como desde la nacional.

En cuanto a los testimonios de participantes en los beneficios de los servicios sociales, José Luis Rodríguez fue el primero en intervenir para pedir que quienes son o han sido perceptores de la Renta de Garantía Ciudadana tengan más facilidad en los controles y requisitos para poder acceder a una vivienda de alquiler social, cuyo parque es escaso en la Comunidad. Carolina Libertad, de 19 años -que pasó de los tres a los siete en un centro de acogida con monjas y de los siete a la actualidad está en situación de acogida familiar- valoró su experiencia en Valladolid de forma positiva desde que llegó de Benidorm. «Tengo progenitores y hermanos que confían en mi y me protegen, y sigo hablando con mis tías, que me cuentan cosas de mi madre», expuso.

También contaron su experiencia Fátima, inmigrante con diez años en España y tres hijos, que se dedica al voluntariado para apoyar a través de una asociación a personas que lo necesitan en materia de vivienda, derechos y empleo; y Álvaro Lozano, de 22 años, que estuvo desde los 8 a los 19 en centros de menores «muy cuidado y protegido», señaló, y ha logrado tener una vida independiente con ayuda de voluntarios que aún siguen apoyándole en todo.

Finalmente, expusieron su experiencia Sará Pérez, de 24 años y en silla de ruedas, a quien su discapacidad no impide, con una asistente personal, tener vida independiente, haber ido al colegio e instituto en transporte adaptado, tener el grado de Trabajo Social y luchar por suprimir barreras arquitectónicas con apoyo del departamento de Servicios Sociales de la UVa; Cristina Jiménez, mujer gitana de 21 años y perceptora de Renta de Garantía Ciudadana que se formó para ser dependiente comercial, en cuyo sector ha dido ascendiendo y sueña con tener negocio propio; y Paula Torres -de 30 años con Síndrome de Down, modelo ocasional y autora de un blog de moda- que junto a su hermana una Escuela de Imagen y Moda Fácil para personas con discapacidad intelectual y profesionales de atencióm directa, que ya ha formado a 1.200 alumnos.