El tufo de las térmicas
S in que parezca regodeo, sobre todo ahora que la economía leonesa tiene trenzada al cuello la soga para su cuelga en la horca, va a resultar imprescindible asumir que no queda otra forma de progreso que mirando el retrovisor, para evitar cualquier nuevo intento de trucaje con nuestros recursos. No es resquemor gratuito, sino puro mosqueo de contemplar cómo rebotan los asuntos cuando ya no tienen remedio. Y sin devolución de las inversiones malgastadas, por supuesto. Aunque esa reparación tampoco preocupa o es ya irremediable. Que tanto da, para estas cuentas, so como arre.
Mirando hacia atrás sin excesiva ira, encontramos unas Navidades de 2017 jaleadas por la carta abierta de Rajoy a los leoneses, anunciando su visita en ave para enero, a fin de corregir el tropiezo británico con la cuna del parlamentarismo, que había promovido desde su presidencia del gobierno ante la Unesco un lustro antes. Según nos contó entonces, recordaba bien los aperitivos de la Viña y los fríos leoneses de paseante por Ordoño y la Condesa, pero todavía no asociaba a León una primogenitura parlamentaria que su escribiente catalán Moragas atribuyó por rutina a la pérfida Albión. Apagadas las luces navideñas, nos visitó don Mariano e hizo la ronda de los Decreta y los pinchos.
También por aquel entonces, teníamos fresca la alarma de la comisaria danesa de la competencia Margrethe Vestager, quien acababa de anunciar su decisión de investigar los más de 440 millones de euros repartidos por España a las eléctricas. Un gasto en filtros para reducir las emisiones contaminantes de óxido de azufre, que se traduce en 8.750 euros anuales por megavatio producido durante diez años, entre 2007 y 2017. Según la comisaria Vestager, España no comunicó a la Unión este donativo, que entraba en abierta y frontal contradicción con el principio comunitario, establecido como requisito legal en una directiva de 2001 sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados tufos contaminantes por parte de las centrales térmicas que producen electricidad mediante combustión carbonífera.
La filosofía comunitaria aplicable es diáfana y terminante: Quien contamina, paga. Y la legislación ambiental europea no permite ayudas adicionales de cada país para liberar a las empresas de su obligación. Porque de otro modo se estaría privilegiando una ventaja desleal de unas empresas frente a otras, en un mercado energético interconectado. Dentro del generalizado marraneo energético, España incorporó en 2007, con el beduino ministro catalán Joan Clos al frente, un llamado ‘incentivo medioambiental’ para que las térmicas de carbón colocaran los filtros de azufre a los que estaban obligadas por una directiva europea de seis años antes.
La gresca energética del imprudente ministro Álvaro Nadal con Iberdrola, tratando de evitar con un decreto el cierre de sus térmicas en Asturias y Palencia, sembró la alarma en Bruselas, al poner de manifiesto la existencia de alicientes económicos ilegales en la relación del gobierno español con las empresas eléctricas. La comisión europea suele desenvolverse más a ritmo de carromato que con velocidad de Ave, pero en este momento ya nos disponemos a digerir otra sanción que, fuera cual fuera la procedencia de las ayudas destinadas a corregir tufos, acabará repercutiendo sobre los consumidores en la factura de la luz. Tanto si las ayudas ilegales procedían del presupuesto público por acción u omisión, mediante aportes o en forma de exenciones. La única comprobación fehaciente es que algunos de los filtros cobrados ni siquiera se pusieron.