Los inspectores sanitarios denuncian una «deuda» de 150.000 euros por profesional

s. calleja | valladolid

La Asociación de Inspectores de Servicios Sanitarios de Castilla y León también se ha puesto en pie de guerra. Consideran que ha llegado el momento de denunciar la deuda histórica que Sacyl tiene con el colectivo, que cuantifican en 150.000 euros por profesional, y exigen para poder ser garantes de la equidad de acceso de los pacientes al sistema que la Consejería les otorgue los mismos derechos que al resto de profesionales. «Somos el aval de las garantías de los pacientes, de la equidad de la asistencia, de la accesibilidad a la calidad del sistema, y en nuestras manos está mejorar las prestaciones y repercutir con nuestro trabajo en ahorros para un sistema que funciona de forma eficaz y que hay que sostener».

Así lo explica María Salud Palenzuela, presidenta de este colectivo que representa a los 80 profesionales del Cuerpo de Inspección repartidos por las nueve provincias. Con su trabajo contribuyen a garantizar la legalidad, sostenibilidad y calidad del sistema sanitario público. En concreto, indica, esta deuda procede de complementos que se pagan a médicos y farmacéuticos y que a ellos les niegan, pese a ser funcionarios sanitarios. Piden que se les abra el acceso a la carrera profesional, un sistema que retribuye la experiencia de todos los profesionales de Sacyl, excepto en su caso, y que se ha ido adaptando a las distintas categorías. «Se excusan en legalismos trasnochados, cuando han adaptado la normas a todos los colectivos, menos al nuestro», denuncia.

En su batería de reivindicaciones también aparece la aplicación de incentivos por cumplimiento de objetivos, más aún, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social abona a la Junta diez millones de euros anuales para compensar las tareas de los inspectores por el control de los pacientes en baja laboral, indica. «Cumplimos objetivos, pero no nos revierten una parte proporcional, cuando estos incentivos se aplican ya en otras autonomías y es un problema sencillo de resolver. A nuestros dirigentes les presuponemos competencias para solventar algo que es muy simple», añade Palenzuela.

A estos problemas suman que se les «margina» en el desarrollo de nuevos programas y estrategias, del calado, por ejemplo, de la del paciente crónico, en la coordinación sociosanitaria, como también se hizo cuando se planificó el desarrollo de las unidades de gestión clínica.