Revuelta rural

P or si alguien no se había enterado todavía de los manejos troleros de los nuevos trumpistas patrios, el primer domingo de marzo cazadores, organizaciones agrarias y políticos diversos zapatearon asfalto en Madrid, desde Atocha hasta el Bernabeu, donde les echaron el pregón, movilizados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que suspendió el decreto regulador de la caza en Castilla y León.

Pancartas y gargantas alardeaban defender a los pueblos, con su pretensión de «dar voz a los diez millones de españoles que viven en el campo», pero dejando ver tras el vociferio su miserable concepto de la vida rural. Aquellos arrogantes escopeteros, arropados por políticos de diseño y cosecheros de ventajas, apenas disimulaban que su imaginario campestre se parecía demasiado al que Miguel Delibes condenó para siempre en Los santos inocentes.

Acudieron allí llevados del roncel por la ola trolera de Vox, cuyo manejo de los asuntos responde a la estrategia del bulo. Se trata de remover la pudridera para alarmar al paisanaje. Y ese engaño de incautos lo manejan como nadie, aprovechando una sentencia para embestir contra el tribunal, sin preocuparse de discernir fundamentos ni modular las cifras que manejan. En definitiva, todo vale para el convento de penitentes, que es como consideran a los españoles del común. Por eso, hemos asistido a un jarreo indiscriminado de supuestos beneficios económicos vinculados con la caza cuyo recuento sólo podía hacer pensar o que la banda está borracha o que vamos a investigar quién se lleva de momento ese botín. No tienen fundamento y responden a la vociferante ligereza con que los voxianos desprecian el sentido común que tanto dicen respetar. Echan a volar globos sonda con capacidad de movilización (ahora la caza, como antes la inmigración o la violencia de género) y los hinchan sin escrúpulos de cifras engañabobos, con la seguridad de que su rotunda simpleza va a enganchar a la indiscriminada comitiva de transeúntes del malestar.

Su último gancho nacional ha sido el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que anuló el decreto regulador de la caza de la Junta de Castilla y León. Si la embestida de políticos domingueros, cazadores molestos y ganaderos agraviados muestra con qué ingenuidad entran al engaño voxiano, convirtiendo el silencio de las escopetas en revuelta rural, la respuesta autonómica alcanza delirios de opereta. Y en ese pelotón van juntos populares, socialistas, leonesistas y ciudadanos. De la mano y dispuestos a tramitar una ley exprés que recobre la caza en Castilla y León. Sin haber aprendido nada de los precedentes, cuando similares argucias para rehuir sentencias con legislaciones apresuradas terminaron siempre en revolcón. En lugar de exigir al gobierno el trabajo que le encomienda el tribunal.

Parece más fácil seguir a la carrera el rumbo que trazan los escopeteros, aun sabiendo que conduce al desastre. Porque esta misma maniobra ya la perpetraron, también en comandita y en 2010, para tratar de legalizar aquel invento en tierra quemada de Meseta Esquí, en Villavieja del Cerro: un complejo de ocio fallido cuya ejecución multiplicó su presupuesto por tres. Nuestras Cortes hicieron entonces una ley exprés, que acabó tumbando el Constitucional dos años después. Como también hizo el Supremo en 2012 con los remiendos normativos para sortear la anulación del TSJ al despropósito de San Glorio, que pretendía instalar una estación de esquí en Picos de Europa. No son los únicos ejemplos, pero sirven para marcar el destino de este rebote de las Cortes, espoleadas con urgencia por los trumpitos nacionales.