El dueño de El Salvador sale de la cárcel con 800.000 € como fianza
La sala valora que el investigado ya no puede influir sobre otros imputados, testigos o peritos.
Imagen de la policía el día de los registros en la funeraria. NACHO GALLEGO
ep | valladolid
El empresario funerario vallisoletano Ignacio Morchón Alonso, preso desde el día 2 de febrero por el supuesto ‘cambiazo’ de ataúdes antes del proceso de cremación, ha recuperado la libertad tras garantizar fianza hipotecaria de 800.000 euros.
La excarcelación del ‘magnate’ de los ataúdes, de 75 años, se produce después de que la Sección Segunda de lo Penal modificara la situación del empresario, quien se encontraba en prisión comunicada y sin fianza, y acordó prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. «La salida de prisión de Ignacio Morchón pone fin a una situación injusta creada desde el mes de febrero por razón de la artificiosa alarma social creada tras las manifestaciones públicas de la entonces Delegada del Gobierno y el jefe de Policía», critica el letrado de la defensa, Guillermo Ruiz Blay.
El proceso judicial, continúa, «será largo por el número de denunciantes personados, pero las pruebas ya presentadas por distintos peritos acreditan el buen trabajo del Grupo El Salvador en toda su historia y tendrán su reflejo en la instrucción penal», a lo que añade que la familia, «al fin reunida, se encuentra agradecida por el apoyo de los vallisoletanos que les muestran a diario su confianza y esperan que pueda regresar la tranquilidad perdida». La Sección Segunda consideró que, en este momento de la instrucción judicial, el riesgo de que el investigado pueda fugarse no ha desaparecido pero «sí se ha diluido», y puede neutralizarse «con medidas menos gravosas para el derecho a la libertad» como es la imposición de una fianza.
A este respecto, el tribunal tenía en cuenta el arraigo familiar y social del investigado, el hecho de tener sus bienes embargados, la ausencia de pruebas o indicios de que tenga bienes en el extranjero, su avanzada edad y los problemas de salud que sufre.
La Sala valoró, igualmente, la circunstancia de que no exista la posibilidad de que «altere o destruya fuentes de prueba relevantes para la investigación» porque ya se ha intervenido toda la documentación encontrada.
Tampoco existe, según recogía la resolución, «un peligro fundado y concreto» de que el dueño de la empresa funeraria pueda «influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo» ni de que «pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas» o cometer «otros hechos delictivos».
Oposición de la Fiscalía
La concesión de la libertad provisional se produce frente a la abierta oposición de la Fiscalía de Valladolid, que durante la vista celebrada la pasada semana fundamentó tal postura en el hecho de que las penas hipotéticas que el recurrente afrontaría en un juicio serían graves y, por ello, advertía del evidente riesgo de fuga asociado a su capacidad económica.
Esta misma sala es la que también estudió idénticas peticiones de dos hijos del empresario, Ignacio y Laura, ambos ya en libertad, en el primer caso tras abonar fianza hipotecaria de 800.000 euros y la segunda de 200.000, una vez rebajada la misma ya que había sido fijada en el mismo importe que el anterior.
La investigación de la ‘Operación Ignis’ desarrollada por la Policía Nacional corre a cargo del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid por la actividad del grupo funerario entre 1995 y 2015.