Mañueco e Igea firman mañana el acuerdo para la Junta

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Francisco Igea, firmarán mañana, 2 de julio, a las 12 horas, el acuerdo de Gobierno para Castilla y León, según informaron hoy fuentes de los dos partidos en un comunicado.

Asimismo, estarán presentes el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea y el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra. La firma se celebrará en la Sala de Usos Múltiples de las Cortes de Castilla y León.

El pacto, que se rubricará mañana, supondrá poner en marcha el proceso de investidura de Fernández Mañueco como presidente de la Junta, cargo en el que sustituirá a Juan Vicente Herrera, tras 18 años en el poder. Para ello, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes (Cs), abrirá una ronda de contactos con los protavoces de los grupos parlamentarios y fijará la sesión para elegir al nuevo jefe del Ejecutivo autonómico.

Además, el próximo Gobierno de la Comunidad será “conjunto” entre PP y Ciudadanos, tal y como avanzaron el pasado viernes, al cerrar el acuerdo sobre la estructura del futuro ejecutivo. Los ‘populares’ asumirá además de la Presidencia de la Junta, las consejerías de Economía y Hacienda, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura, Educación, Presidencia y Familia e Igualdad de Oportunidades.

Por su parte, Francisco Igea (Cs) será vicepresidente y portavoz del Ejecutivo y su partido gestionará las consejerías de Sanidad, Transparencia y Regeneración, Industria y Empleo y Cultura y Turismo.

Este nuevo acuerdo se sustenta sobre el firmado el 21 de junio por Fernández Mañueco e Igea y que contempla 100 medidas, entre las que destaca el paquete de regeneración que gira sobre la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos a ocho años en las instituciones autonómica y locales.

Regeneración

Entre las 18 medidas de regeneración, en las que más insiste Ciudadanos para que se visualice el cambio, figuran la limitación, con carácter general, de mandatos a ocho años de alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y presidentes de diputaciones en los que se suscriban acuerdos de gobernabilidad conjunta, momento en que empezará a contar este plazo.

También la reforma urgente del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos tanto de los procuradores como de los miembros de la Junta, el reforzamiento y protección de los informantes sobre delitos contra la Administración, la constitución de una comisión paritaria para analizar el funcionamiento del sector público o la restricción de los puestos de libre designación.

Otra de las medidas señala que no podrán ser nombrados como titulares de una consejería, una viceconsejería, una secretaria general o una dirección general o una delegación territorial de la Junta quienes ya lo hubieran sido durante ocho años, si bien las excepciones a este acuerdo no serán aplicables a los consejeros.

Igualmente, se impulsarán medidas para garantizar y mejorar el Plan de Medios de la Junta en el que se eliminarán subvenciones o contratos con accionistas, directivos o altos cargos que hayan sido condenados en firme por corrupción. También prevén los firmantes endurecer el Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad.

Política Fiscal

Se fijará una fiscalidad favorable al mundo rural de Castilla y León, a través de bonificaciones y deducciones del IRPF, especialmente para aquellos que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes. Además, se bonificará en el 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, lo que supondrá en la práctica su eliminación.

En empleo se dará prioridad específica al empleo y emancipación de los jóvenes con un aumento de la subvención para el emprendimiento y su contratación indefinida, se extenderá la tarifa plana para nuevos autónomos o se impulsará un pacto autonómico por la ciencia.

Servicios públicos

Se compromete en el acuerdo la reducción de todas las listas públicas de Sacyl y se realizará una auditoría y se procederá a la publicación de las listas de espera estructurales y no estructurales, donde se indica que la “alteración voluntaria” de los datos contenidos “tendrá una consideración grave”. Otra de las medidas es promover la libre elección de hospital de modo progresivo, impulsar un portal de transparencia o aumentar de modo progresivo el gasto destinado a la Atención Primaria para llegar a un 20 por ciento.

También se recoge que se estudiarán las vías de reversión de la concesión del HUBU, siempre que no suponga un coste adicional para las arcas de la Comunidad, y para ello se creará un grupo de trabajo en el que participen Junta, Cortes y la entidad concesionaria.

En educación se avanzará en la universalización de la educación (o atención) infantil hasta los tres años, se garantizará el compromiso con la escuela rural y se incrementará el presupuesto destinado a las universidades en al menos un diez por ciento de manera progresiva a lo largo de la legislatura.

Comprometen la aprobación, en el ámbito de sus competencias, de una Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir (Ley de Muerte Digna), un proyecto de Ley del Tercer Sector en Castilla y León y un proyecto de Ley de Derechos y de Garantías de continuidad de cuidados y de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital.

Igualmente, se compromete un Plan de Apoyo a las Familias, con medidas relacionadas con la maternidad y la paternidad, así como con acciones específicas para las familias numerosas o para las que cuidan a personas dependientes.

Para la lucha contra la despoblación, se plantea la creación de un grupo de trabajo de expertos independientes nombrados por las Cortes para que elaboren un diagnóstico y emitan en un año un informe de propuestas de actuación. También habrá una evaluación del Plan de Desarrollo Rural, se desarrollará una Estrategia Regional para la Economía Circular.