La Junta sólo asume el 31% de las recomendaciones que emite el Consejo de Cuentas
Mario Amilivia durante la reunión del Consejo. SANTI OTERO
ical | valladolid
La Junta de Castilla y León es la Administración que menos asume las recomendaciones del Consejo de Cuentas. El informe anual sobre el seguimiento de las recomendaciones realizadas durante el ejercicio 2018, cifra su aplicación total o parcial por parte de la Junta en el 31 por ciento, 21 de las 67 emitidas por la institución, frente al 71 por ciento de las diputaciones (15 de 21); el 49 por ciento de los municipios (25 de 52); y el 35 por ciento de las universidades (11 de 32).
El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única Administración que es fiscalizada todos los años, se mantiene similar al año anterior. La evolución experimentada es la siguiente: un 13 por ciento de cumplimiento total o parcial en 2013; un 20 por ciento en 2014; un 22 por ciento en 2015 y el mismo porcentaje en 2016; un 32 por ciento en 2017, y un 31 por cieno en 2018 que es un punto menos que el año anterior.
El informe anual sobre el seguimiento de las recomendaciones realizadas durante el ejercicio 2018 al conjunto de los entes fiscalizados por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, se aprobó hoy en un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Lerma (Burgos). El plenario ha sido el primero que ha celebrado el órgano de control externo en sus 17 años de trayectoria en un municipio que no es capital de provincia, en un afán de acercamiento de su trabajo a la ciudadanía y de colaboración institucional con las administraciones locales. El presidente, Mario Amilivia, y los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez fueron recibidos por el alcalde, Miguel Ángel Rojo, a las 11 horas y posteriormente se ha celebrado la reunión. Amilivia destacó la importancia del informe «porque es expresión de la «auctoritas» del Consejo, entendida como el grado de cumplimiento y aceptación de nuestras recomendaciones».
El Consejo analizó el cumplimiento de las recomendaciones por los distintos entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, considera que fueron aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 72 de las 172 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 42 por ciento. Este dato supone un descenso de cuatro puntos porcentuales respecto del 46 por ciento obtenido en el informe de seguimiento de las recomendaciones del ejercicio 2017.