Exámenes a distancia

Una vez concluida la temporada de pasmo y guardia, esperando la formación del gobierno autonómico, se acumulan las demandas urgentes. Prisa que apunta hacia todas las direcciones con responsabilidad de gobierno, porque el pálpito de la sociedad civil difícilmente se acomoda a los ritmos amuermados de la clase política. Una dirigencia que para su estreno entre nosotros ha puesto en marcha algunos procedimientos de extravagancia ofensiva.

Sin reparar en el trueque de dimes y diretes de escasa seriedad, que aparecen y se esfuman a gusto de su propagador, conviene echar una ojeada severa al examen a distancia que la dirección nacional de Ciudadanos aplica, al parecer por exigencia estatutaria, a los candidatos de su formación propuestos para formar parte de gobiernos autonómicos. Porque esa ha sido la cantinela que nos entretuvo durante la última semana, mientras revisaban en Madrid los currículos propuestos para formar parte de la Junta de Castilla y León.

La dirección nacional de Ciudadanos, con leves excepciones habitualmente discrepantes de su rodillo, tiene una procedencia masiva del territorio autonómico más desacreditado del país, que desde hace unos años es Cataluña. Tanto Rivera como Arrimadas como lo más jaleado de su pandilla, proceden del desecho de tienta de la política catalana, que en los últimos años ha mostrado un envilecimiento generalizado que la desacredita como referente para cualquier otro territorio. Y sin embargo, son estos periquitos quienes se atribuyen la capacidad de aval o rechazo para los aspirantes a formar parte de la Junta de Castilla y León designados por Ciudadanos. Esté o no en sus flexibles, cambiantes y acomodaticios estatutos partidarios, lo cierto es que también el Partido Popular contribuyó a envilecer el proceso de acuerdo posterior a las elecciones del 26 de mayo. Si Ciudadanos mandó a revisar la negociación a Espejo Saavedra, miembro de la mesa del Parlament en sus jornadas más ignominiosas para la democracia, el Partido Popular envió a su secretario general, el murciano Teodoro García Egea. Cada cual con sus fijaciones y ambos dispuestos a enredar hasta la humillación para conducir el proceso de acuerdo con unas instrucciones escasamente respetuosas con la exigencia democrática que impone el territorio donde brotó la primera expresión parlamentaria de la historia. Aunque no les suene ni a los catalanes ni a los murcianos de Madrid.

Que lo vayan estudiando, en vez de empecinarse en mirarnos la matrícula para conceder o no su respaldo. Y echando la vista hacia delante, conviene que se lo haga mirar el Partido Popular, para que nos evite el trago de facturar desde las Cortes de Castilla y León para el Senado al desahuciado Javier Maroto, a quien sus paisanos alaveses privaron de la condición de diputado en las elecciones de abril. Si ya resultó difícil soportar como representante autonómico en la plaza de la Marina al jefe de la investigada policía patriótica, Ignacio Cosidó, hay apaños, como el salvamento de Maroto, que mejor las echan en olvido.

Alzando la vista del empedrado, un peritaje de la Guardia Civil acaba de descubrir que el pavoroso incendio que abrasó miles de hectáreas entre Gavilanes y Pedro Bernardo, durante la reciente ola de calor, tuvo su origen en un contacto de la línea de alta tensión con ramas de árboles, como consecuencia del descuido de su obligado mantenimiento. Comprobada la responsabilidad del fuego, quedamos a la espera de sus consecuencias penales y económicas. Eso sí, echando ya en falta la ferocidad institucional que se despliega cuando el fuego se atribuye a la imprudencia de agricultores o ganaderos.