El PSOE denunciará a la Junta por el impuesto sobre los residuos de Garoña
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El coordinador de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), José Francisco Martín, advirtió ayer en Valladolid que su partido acudirá a los juzgados para denunciar a la Junta por el impuesto sobre los residuos de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) por prevaricación y por perjuicio patrimonial.
Martín recordó que el anterior Ejecutivo autonómico conocía, desde el primer momento, que el tributo que imponía a la instalación nuclear era inconstitucional, porque ya existía un impuesto similar a nivel estatal.
Señaló que tanto el actual consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, como el vicepresidente y portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Francisco Igea, deberán devolver de su «bolsillo» los intereses por el cobro de este tributo a Nuclenor, la empresa propietaria de la central. Hasta la fecha, Endesa e Iberdrola han desembolsado cerca de cinco millones de euros desde la entrada en vigor del impuesto, en noviembre de 2015.
Acompañado por la secretaria general del grupo, Patricia Gómez, acusó al Gobierno «bifachito», formado por Partido Popular y Ciudadanos, de cometer un «golpismo fiscal», en la línea del cometido por los separatistas catalanes que piden la liberación de los políticos presos durante el ‘procés’, al reclamar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que no recurra este impuesto. «Tendrán que reconocer que ellos también son unos golpistas fiscales por el cobro del impuesto sobre residuos nucleares de Garoña», precisó.
José Francisco Martín recordó que la anterior Junta trató de fijar un tributo a la central después de que Nuclenor «se la jugara» y le dejara con el «culo al aire», después de no acogerse a la prórroga ante la obligación de realizar importantes inversiones para garantizar la seguridad de la central. El coordinador de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista descalificó al anterior director general de Tributos y Financiación Autonómica, José Agustín Manzano, al tacharle de «lumbrera», «ignorante» e «imbécil» por plantear, en un primer momento, gravar la no actividad de la central nuclear aunque, finalmente, apostó por fijar un impuesto sobre los residuos de Garoña.
Todo ello, pese a que ya existía un impuesto estatal desde hacía varios años. «Tiraron para adelante ante la cercanía de las elecciones para justificar que iban a crujir a las eléctricas y que el dinero obtenido serviría para invertir en el entorno de la central», sentenció. Además, hizo referencia a las advertencias del Gobierno central y los informes de la Asesoría Jurídica General de la Junta de Castilla y León y del Consejo Consultivo.