La Junta prorroga hasta 2021 las ayudas a los alquileres y compra de viviendas
ical | valladolid
La Junta prorrogará hasta el 20 de diciembre de 2021 las medidas dirigidas a facilitar el pago de cuotas de compra y alquiler de viviendas de titularidad de las administraciones públicas y a las medidas orientadas a proporcionar una solución urgente a la acumulación de un stock de viviendas de protección pública. La prórroga aprobada ayer por el Consejo de Gobierno está justificada en el «compromiso social» de la Junta con la política de vivienda. Las medidas objeto de prórroga están dirigidas a las viviendas de titularidad de las administraciones públicas y de sus entidades dependientes, para facilitar tanto el pago de la cuota de la compra como el pago del alquiler. En ambos casos está contemplada una moratoria en los pagos y una reestructuración de la deuda. Igualmente se amplía la vigencia de la reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social y la reserva para el parque público de alquiler social. También se han prorrogado las medidas para la reducción de los precios máximos de venta y alquiler, para la reducción en el pago anticipado de viviendas de la Junta, para facilitar la compra de viviendas en arrendamiento de la administración, así como para la constitución de parques públicos de alquiler social.
Las medidas incluidas en el capítulo IV prorrogadas están orientadas a proporcionar una solución urgente a la acumulación de un stock de viviendas de protección pública, que genera no solo problemas financieros a sus promotores, sino también riesgos graves de deterioro físico, y tensiones sociales derivadas del contraste entre las viviendas vacías y las carencias de amplias capas sociales. Entre estas medidas se encuentra la autorización para ampliar el periodo de amortización de los préstamos hipotecarios y la flexibilización de los requisitos de los adquirentes y de los arrendatarios potenciales; facilitar el arrendamiento de viviendas vacías con opción de compra a diez años y la no obligación de devolución de las ayudas que hayan recibido en caso de subasta, dación en pago o adjudicación en procedimiento de desahucio, por ejecución judicial o extrajudicial del préstamo, así como facilitar la ocupación de viviendas que sea necesario cambiar de residencia por motivos laborales.