Agricultura reclama también el etiquetado claro de la miel
Ical | valladolid
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, mostró ayer el compromiso y apoyo de la Consejería al sector apícola y manifestó que seguirán destinando fondos al Plan Nacional. Además, remarcó que desde la Administración «estaremos al lado de los apicultores» para reclamar así al Ministerio la modificación de la normativa de movimientos de explotaciones apícolas. Jesús Julio Carnero se comprometió también «a exigir una defensa» ante la Comisión Europea para «un etiquetado claro» que identifique el origen de la miel.
Así lo manifestó minutos antes de participar en las Jornadas Apícolas que celebra COAG Salamanca en la capital. El consejero recordó que «Castilla y León es la Comunidad con mayor número de explotaciones apícolas», con 5.145 lo que representa el 15,7 por ciento del total nacional y que genera de media al año «más de 40 millones de euros en la región» y por tanto da trabajo a más de 5.000 personas. Respecto a Salamanca, indicó la importancia de la apicultura con «un papel protagonista», ya que esta provincia «lidera el censo de colmenas al concentrar el 62% de las existentes en la Comunidad», que cifran en unas 272.923.
Nuevo Plan Nacional Apícola
Avanzó que desde la Consejería se apoyará presupuestariamente el nuevo Plan Nacional Apícola 2020-2022. EN ese sentido, explicó que en la convocatoria de este año, «la Junta ha abonado 1.565.560 euros para 330 solicitudes presentadas». Estas ayudas están cofinanciadas por el Feaga en un 50%, el Ministerio en un 25 % y el 25% restante, que es aportado por la Junta.
El Plan Nacional Apícola tiene como objetivos la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, la profesionalización del sector, mantener un adecuado estado sanitario de las colmenas, facilitar el asentamiento y transporte a los apicultores y mejorar la competitividad del sector. Carnero, incidió en que se seguirá reclamando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «la modificación de la normativa de movimientos de explotaciones apícolas». De este modo, el sector demanda esta adaptación que permitiría «garantizar jurídicamente cualquier asentamiento de colmenas».