Registro
Investigan la posible venta ilegal de vehículos de Fomento
La Guardia Civil registra ordenadores de Fomento por posible venta ilegal de vehículos forestales destinados al desguace
El juzgado investiga la venta de vehículos. DL
El posible perjuicio económico para las arcas autonómicas por la supuesta venta ilegal de todoterrenos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, que iban a ser destinados al desguace, se ha calculado en cerca de tres millones de euros.
Según han informado este viernes fuentes del Tribunal Superior de Castilla y León (TSJCyL), el Juzgado de Instrucción Número 1 de Valladolid abrió diligencias previas sobre el caso en mayo de 2019 tras recibir otras actuaciones procedentes del Juzgado de Instrucción 1 de Ávila.
Esas diligencias en Ávila se abrieron por un atestado de la Guardia Civil y estuvieron vinculadas con 313 vehículos todoterreno forestales enajenados por la Consejería de Fomento.
El Juzgado de Valladolid investiga la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, con participación directa de empresas y particulares, que pudieron haber sido beneficiados por la adquisición de un número importante de vehículos, por entre 800 y 800 euros, cuando su precio en el mercado de segunda mano era de unos 9.000 euros.
Por el momento, nadie ha sido citado como investigado, ya que se ha empezado a analizar la información obtenida de la Consejería de Fomento tras la petición de información solicitada por el Juzgado y que se ha llevado a cabo por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil para garantizar la cadena de custodia.
El juez investiga si se ordenó (todavía no se sabe quién) dividir lotes de coches por provincia para evitar que su valor superase los 30.000 euros en lugar de acudir al procedimiento de subasta pública, como hubiera sido perceptivo, con el fin de evitar la misma.
Cada delegación territorial pudo haber vendido o enajenado sus vehículos por venta directa en desguaces con baja temporal no definitiva.
Algunos vehículos, de los 103 destinados en principio a destrucción directa, han sido detectados circulando de nuevo, mientras otros 63 coches han sido transmitidos a empresas y 147 continúan bajo titularidad de la Junta de Castilla y León.
Ha sido la investigación realizada por la Guardia Civil la que ha calculado un posible perjuicio económico para las arcas autonómicas de casi tres millones de euros