El código ético de Igea para altos cargos se empantana sin acuerdo

El vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, aseguró ayer que el Gobierno autonómico no rehuirá a una posible modificación de la Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración, si bien matizó que actualmente no lo consideran «necesario», después de que el Grupo Parlamentario Socialista haya señalado que el nuevo Código Etico y de Austeridad solo será efectivo si tiene rango de Ley.

Así lo señaló Igea en su comparecencia ante la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de las Cortes de Castilla y León para comunicar la actualización del Código Etico y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad, un documento que «interpreta» y «precisa» la normativa del Estatuto aprobada en el año 2016.

El debate entre los grupos que forman el Gobierno regional y la oposición se ha centrado en la efectividad real o no de este documento, ya que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alicia Palomo, consideró que el Código Etico sería verdaderamente «eficaz y eficiente» solo si está enmarcado en una norma «con rango de ley» pues tal y como viene tramitado, entiende, carece de valor «coercitivo y punitivo». De hecho, la procuradora mantuvo que las infracciones graves serían sancionadas con una «declaración de incumplimiento y la publicación en el Portal de Transparencia».

Las propuestas formuladas por el PSOE en la Comisión se han planteado como aportaciones a un futuro debate de un Proyecto de Ley que ampare este código ético y que reclaman que se lleve al Parlamento de la Comunidad, propuestas que fueron rechazadas.

Según Igea, se endurecen las condiciones relativas a la aceptación de regalos, al uso de los vehículos oficiales, a la presencia en consejos de administración, a la difusión de las agendas públicas, la ampliación de la exigencia de dimisión para delitos de ordenación del territorio, urbanismo o contra el medio ambiente o a la limitación de mandatos, aunque en algunos de los casos ya se habían aplicado estas cuestiones antes de que se presentara esta actualización del Código Ético.

Para determinar la eficiencia y eficacia se incorporan criterios acordes con dichos principios y se establece su evaluación y desarrollo con criterios objetivos. Además, con respecto al seguimiento, se produce un nuevo cambio ya que se encargará de ello la Comisión de Etica Pública., un órgano, según Igea, «más independiente» que la Comisión de Secretarios Generales que se encargaba hasta ahora de esta tarea.

A este Código estarán sometidos todos los altos cargos, incluidos los directores generales, independientemente del tipo de contrato, ya que será «la verdadera naturaleza del contrato y no su denominación la que determine la sujeción al código».

‘APARIENCIA DE LA TRANPARENCIA’

La procuradora socialista Alicia Palomo, que se mostró «a priori» a favor de este Código Ético y reconoció que supone un endurecimiento, avisó en varias ocasiones de que teme que todo sea una operación «de maquillaje» para dar cumplimiento «sin contenido» a uno de los puntos del acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos. Así, ironizó con que se debería rebautizar la Consejería que dirige Igea a «de Apariencia de la Transparencia».

Palomo recalcó que el trabajo del PSOE en esta tramitación irá encaminado a que reciba el respaldo de una norma con rango de Ley, debido a que cree que actualmente la Junta tiene una «dudosa capacidad» para poner más limitaciones a sus cargos públicos de las que marca la Ley del Estatuto de los Altos Cargos.

Por ello, subrayó que el «endurecimiento» solo será efectivo si las Cortes modifican la norma a la que, recordó, que el PSOE presentó una treintena de enmiendas en su día que no fueron aceptadas «por el Partido Popular», entre las que se incluía por ejemplo el deber de dimisión cuando un alto cargo está inmerso en un procedimiento judicial o apertura de juicio oral.

Así que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para la supresión de los aforamientos de los miembros del Ejecutivo y de los procuradores autonómicos llegará al siguiente pleno del las Cortes del próximo miércoles sin un acuerdo entre los grupos, por lo que decaerá si no logran un consenso antes de su debate.