Enresa pide los permisos para desmontar la central de Garoña a partir de 2022
Enresa ha solicitado ayer al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) la autorización de transferencia de titularidad y de la primera fase de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, que podría empezar en 2022, según un comunicado facilitado hoy por esta entidad pública.
La previsión de Enresa, que ha presentado la documentación este jueves y que calcula el coste total estimado del desmantelamiento en 468 millones de euros, es que la autorización del Miteco para esta primera etapa sea «efectiva» en 2022 y se prolongue durante tres años, una vez recibido el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como los dictámenes e informes que correspondan incluyendo la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.
La ejecución material de la primera fase del desmantelamiento incluirá la carga del combustible gastado en contenedores y su traslado al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la propia central, además del desmontaje del edificio de turbina para acondicionarlo como edificio auxiliar de desmantelamiento necesario durante la segunda fase.
Esta segunda fase precisará, a su vez, de la correspondiente autorización del Miteco, así como de un informe favorable previo del CSN, fase que, según Enresa, debería comenzar en 2025 y durar siete años.
Durante este período temporal se desmantelará el reactor, así como el resto de edificios con implicaciones radiológicas, siguiendo las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios para, al final, concluir con «la restauración ambiental del emplazamiento».
La central nuclear de Santa María de Garoña, con una potencia eléctrica de 466 MW, fue inaugurada en 1971.