El plan de choque: las medidas del pacto para la recuperación
El Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social de Castilla y León impulsa acciones de choque para colectivos vulnerables ante la crisis generada por el Covid-19 y moviliza más de 1.100 millones de euros en medidas que abarcan todos los ámbitos, desde la educación, al empleo, la industria, la agricultura, los servicios sociales o la sanidad. Estos son los principales puntos:
Sanidad. Reforzar el sistema sanitario y garantizar la calidad en la atención. Creación de un fondo de 250 millones de euros para la recuperación de la sanidad, destinado a paliar los efectos de la pandemia. GFarantizar que Castilla y León figure con carácter estable entre las comunidades autónomas con mayor volumen de recursos autonómicos destinado a gasto sanitario. Nuevo modelo de Atención Primaria para adaptar y asegurar la asistencia sanitaria en los centros de salud y en los consultorios médicos, que estarán abiertos con triaje telefónico previo.
Economía y empleo. 25 millones de euros en este ejercicio para acciones de choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis de la Covid-19. Mejora de la liquidez de autónomos y pyme. Definición de un fondo de recuperación para empresas en la comunidad. Nuevo Plan de Promoción Industrial. Refuerzo del sector agroalimentario mediante un conjunto de medidas adicionales para atender las nuevas situaciones en la cadena alimentaria derivadas de la crisis Covid-19.
Protección social. Refuerzo de la estructura y el plan de inspecciones anual con la incorporación de las nuevas tecnologías. Ley de Atención Residencial. Aumento de un 25 por ciento las plazas residenciales de responsabilidad pública a lo largo de esta legislatura. Aumento en un tercio las plazas de convalecencia socio-sanitaria para garantizar la atención de las personas después de una intervención quirúrgica u otros tratamientos hospitalarios.
D ependencia e Ingreso Mínimo Vital. Demandar al Gobierno de España desbloquear definitivamente el 50 por ciento de los gastos derivados de la Ley de Dependencia y la gestión del Ingreso Mínimo Vital por parte de la Junta de Castilla y León en los mismos términos, condiciones y con el mismo nivel competencial que el País Vasco y Navarra.
Alquiler y Viuvienda. Ayudas par todas las personas y familias que las soliciten y cumplan y justifiquen los requisitos de las convocatorias. Reforma de la Ley del Derecho a la Vivienda Ampliar el parque público de alquiler social con capacidad suficiuente para las personas que, por diversas razones económicas y sociales, entren en una situación de vulnerabilidad o riesgo de vulnerabilidad.
Funcionarios. Impulsar el teletrabajo del personal público de la Junta de Castilla y León. Teletramitación documental y de los procedimientos administrativos poara personas y empresas. Plan General de Contingencia con los protocolos ante un rebrote de Covid-19, basándose en la experiencia, la evaluación, los criterios sanitarios y las indicaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales.
Educación. Tres millones de euros en ayudas directas a familias en situación vulnerable, con hijos e hijas en edad escolar, para el acceso a ordenadores y conexión a internet. Reducir las tasas universitarias de primera matrícula de grado, para el curso 2020-2021 y de primera matrícula de Másteres para el curso 2021-2022. 8 millonbes de euros para una convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de Bachillerato, FP y Universidad durante el curso 2020-2021.
Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. 728 millones de euros para la planificación de las infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social.
Fondo Extraordinario Covid-19. 80 millones de euros. La mitad se transferirá a las Corporaciones Locales para empleo e inversión. El otro se transferirá a las entidades locales para la atención de colectivos y personas más afectadas por la crisis.
Otras medidas. Afianzar la posición común de comunidad en la PAC. Exigir al Gobierno una distribución «equilibrada y justa» del marco de estabilidad presupuestaria.